MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, respondió hoy al PNV que la oposición del Gobierno al traspaso de las competencias de Instituciones Penitenciarias al País Vasco tiene su base en la jurisprudencia constitucional y en la política penitenciaria y de seguridad del Estado.
Salgado respondió así en la sesión de control en el Congreso a una pregunta planteada por el diputado del PNV Emilio Olabarría sobre si mantiene su negativa a la transferencia de las competencias en materia de Instituciones Penitenciarias al País Vasco.
"La posición del Gobierno no es el resultado de reflexiones metajurídicas ni de desconfianza hacia las instituciones vascas, sino que obedece a una posición marcada por la jurisprudencia constitucional y la política penitenciaria y de seguridad del Estado", señaló la titular de Administraciones Públicas.
Por su parte, Olabarría mostró ante el pleno una texto con los '100 motivos para el cambio' que proclama el candidato del PSOE en el País Vasco, Patxi López, entre los que, según afirmó, se encuentran las competencias penitenciarias. "Lástima que no disponemos de más plenos antes del 1 de marzo porque si ya los hemos rebajado a 99, con más tiempo igual los dejamos en 2 o 3", agregó irónico.
La titular de Administraciones Públicas subrayó que el ordenamiento jurídico establece que para hacer efectivo el traspaso de competencias es necesario un acuerdo entre las partes. Y añadió: "No se puede decir, porque ahora no hay acuerdo, que no pueda haberlo en el futuro, pero en el tema que nos ocupa no ha podido haber acuerdo históricamente por la discrepancia de posiciones".
Acto seguido, indicó que, a diferencia de la Generalitat catalana, que recibió los traspasos en materia de ejecución de legislación penitenciaria, el Gobierno vasco "no aceptó que el traspaso se ajustara al sistema de distribución de competencias interpretado por la jurisprudencia constitucional".
En este punto, Salgado se refirió a la sentencia 104/1998 del Tribunal Constitucional "en la se desestimaron las pretensiones del Gobierno vasco que sostenía que la coordinación en materia penitencia por parte del Estado carecía de base constitucional". "La respuesta a su demanda se encuentra en la jurisprudencia constitucional", insistió.
