La acusación estudia recurrir el auto de Moreno que rechaza intervenir cautelarmente la SGAE
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sociedad Genral de Autores de España (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, ha defendido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le investiga en el caso conocido como 'La Rueda de las televisiones', que no tiene vinculación con "ninguna trama de ningún tipo". "He dicho lo que tenía que decir, espero que sea suficiente", ha señalado.
En declaraciones a los medios tras responder a las preguntas del juez, la Fiscalía, la acusación particular que ejerce Coalición Autoral (COA) y la defensa, Fernández Sastrón ha afirmado que no se le ha interrogado sobre sus liquidaciones y sí se le han planteado cuestiones "técnicas" relacionadas "en muchos casos" con asuntos que le son "ajenos".
En este sentido, fuentes presentes en el interrogatorio han concretado que Sastrón ha tenido que responder sobre una conversación intervenida durante la investigación en la que dos personas implicadas en la trama reconocían haberle "colocado" para sus fines. Él se ha desvinculado de este hecho y ha remitido a los protagonistas de aquella grabación: "De una conversación en la que yo no he estado, puedo decir poco".
Sastrón ha incidido en que durante el interrogatorio ha "intentado esclarecer lo máximo posible" su "función" cómo presidente y el modo en que funciona la SGAE, la recaudación y el reparto y lo ha hecho "tranquilo". "Alguna abogada de la acusación que ejerce COA ha intentado ver si yo me levanto por las mañanas y me como un niño, pero ha quedado claro que no", ha ironizado, sonriente, ante los medios.
COA ESTUDIA RECURRIR EL RECHAZO A INTERVENIR LA SGAE
En la acusación definen su actitud durante el interrogatorio como "chulesca". Las fuentes consultadas explican que el juez se ha centrado especialmente en la posible participación de Sastrón en 'La Rueda', tanto en su faceta de compositor de canciones que podrían haberse emitido en horario nocturno, como las objeto de investigación, como en su papel de presidente de la SGAE, en tanto que pudiera haber podido favorecer o no impedir las actividades de la trama.
Él, de acuerdo a estas fuentes, ha defendido durante los 50 minutos de testifical que todo era legal, desde el retorno hasta el reparto y que se ha actuado siempre dentro de los límites, así como ha incidido en que, en cualquier caso, ha tomado medidas en la presidencia de la SGAE para proteger a los autores de este tipo de prácticas.
Precisamente este fue el argumento principal del juez Moreno para rechazar la principal medida cautelar que había pedido la acusación que ejerce COA y que también desaconsejó la Fiscalía, intervenir judicialmente la SGAE mientras se instruye el caso de 'La Rueda', tal y como explican las mismas fuentes.
El magistrado entendió que sería una medida desproporcionada atendiendo a la magnitud de esta sociedad y que, en todo caso, el bien jurídico a proteger ya estaba siendo amparado con las medidas adoptadas en el seno de la propia entidad, cosa de la que discrepa la acusación, que de hecho, está estudiando presentar un recurso -tiene de plazo cinco días para hacerlo--.
Sastrón ha sido el tercer investigado por 'La Rueda' que ha declarado este jueves, cuando han pasado por la Audiencia Nacional José Luis Rupérez Cebolla, María Sanz Nuñez de Villavicencio y Carlos Salazar Murillo.
100 MILLONES DE EUROS
'La Rueda', destapada hace algo más de un año, estaba integrada por varios socios de la SGAE y habría defraudado entre los años 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales --y, por tanto, libres de derecho de autor-- sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.
Según el magistrado instructor, estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras. Habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros.
