MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de ICV y conseller de Instituciones de la Generalitat, Joan Saura, admitió hoy en el Congreso que el Gobierno "ha movido" sus posiciones iniciales en materia de financiación, pero señaló que sus propuestas o son "insuficientes" o deben ser concretadas. En este contexto, quiso dejar claro que aún se está "lejos" de alcanzar un acuerdo sobre la reforma del Estatuto catalán.
Por su parte, el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Puigcercós, explicó hoy que el Gobierno se ha movido "hacia adelante" durante el encuentro mantenido para abordar la financiación en el Estatut, aunque precisó que siguen encallados con la Agencia Tributaria. En este sentido, explicó que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar fórmulas para paliar el déficit de inversión pública acumulado en Cataluña. La propuesta que ERC ha puesto sobre la mesa es que la Generalitat haga la inversión y la pague el Gobierno mediante transferencias de capital durante un periodo transitorio.
Para Puigcercós, el avance "más significativo" de hoy es el que se refiere a las inversiones del Estado en Cataluña. Explicó que la "baja inversión por parte del Estado en Cataluña" es uno de los asuntos que han denunciado sistemáticamente porque "ha creado graves desequilibrios", ya que en la inversión están por debajo de la media.
ICV VE "PEQUEÑOS AVANCES" EN LOFCA Y BILATERALIDAD
Según explicó Joan Saura en rueda de prensa, en el encuentro se han producido "pequeños avances" respecto a la equiparación del Estatut con la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y a la aceptación de las funciones de la comisión bilateral. Eso sí, indicó que el Ejecutivo debe concretar por escrito cómo "prevalece" la LOFCA sobre el Estatut y las funciones de dicha comisión bilateral, un órgano que "no existía" en la oferta inicial del Gobierno.
Sin embargo, Saura recalcó que la posiciones están "aún muy distantes" en los temas relativos a la capacidad normativa, la participación en los impuestos, la Agencia Tributaria, la solidaridad y las inversiones, pese a que el Ejecutivo "ha movido" su posición inicial acudiendo a la reunión con nuevas propuestas. Según dijo, dichas ofertas "son absolutamente insuficientes" y "es necesario que se mueva más".
Por ejemplo, en materia de inversiones aclaró que el Gobierno central reconoce la "insuficiencia" en Cataluña en los últimos años, pero luego propone alternativas que, a su juicio, "no garantizan nada" si no precisan cuál es la ponderación del PIB.
SABER CATALÁN ES UN "DEBER IMPROPIO" QUE NO IMPLICA SANCIONES
El último en comparecer ante los medios de comunicación fue el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, que terció esta tarde en la polémica sobre el régimen lingüístico en Cataluña para tratar de dejar claro que la obligación de conocer el catalán recogida en el Estatut es lo que se considera un "deber impropio" que no implica sanciones o persecuciones por desconocimiento.
Rubalcaba quiso hacer estas precisiones tras la controversia suscitada después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegurara ayer que el régimen lingüístico de Cataluña no se iba a ver alterado por el Estatut y de que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, recalcara al Gobierno que los republicanos no aceptarán rebajas en materia lingüística con relación al Estatut.
En rueda de prensa en el Congreso, el negociador socialista recalcó que la obligación de conocer el catalán recogida en el Estatut es lo que se conoce como un "deber impropio", por cuanto que no lleva aparejadas sanciones, ni leyes que persigan su incumplimiento.
En ese sentido, recordó que también la Constitución española recoge "el deber de trabajar" y no por ello se aplica la Ley de Vagos y Maleantes a quienes están parados. "Son deberes impropios que no llevan aparejadas sanciones, ni leyes que lo persigan", enfatizó.
