BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Cultura de la Generalitat, Xavier Solà, ha negado este miércoles ante el Parlamento catalán haberse "enriquecido" a costa de los cargos públicos que tuvo en el Ayuntamiento de Vic y en la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y ha negado también las presuntas irregularidades que se le atribuyen, pero PSC e ICV-EUiA no han quedado convencidos con sus explicaciones y han pedido su dimisión.
Así lo han expresado en la Comisión de Cultura Consol Prados (PSC) y Dolors Camats (ICV-EUiA), que han instado al consejero Ferran Mascarell a cesar a su número 2 si no dimite, mientras que Alicia Alegret (PP) ha pedido que los expedientes sobre las presuntas irregularidades se revisen en la Sindicatura de Cuentas y en la Oficina Antifraude.
Solà ha dicho que todas sus actividades eran "compatibles" con el cargo, y no ha negado que facturó 193.853 euros a la ACM a finales de 2009 por un catálogo de masías que él mismo impulsó siendo jefe de los servicios jurídicos de esta entidad, aunque ha matizado que él pretendía hacerlo en una sola factura pero la ACM le pidió que se hiciera en 65 partes.
Ha comparecido en la cámara a petición de todos los grupos --incluido CiU--, después de que se publicase en prensa que había cobrado por el catálogo de masías, y de que la empresa Procomu Habitatge SL --integrada por Solà, el excoordinador general de la Diputación de Barcelona Josep Maria Matas y el abogado Salvador Cuadreny-- cobrara 55.245 euros por la gestión de unos pisos de protección oficial.
Los pisos fueron promovidos por la Fundación Privada de Vivienda Pública de Catalunya (FPHP) de la ACM, mientras Solà era concejal de Urbanismo de Vic y jefe de servicios jurídicos de la propia ACM.
Ha remarcado que era la FPHP quien contrataba la obra y no la gestora en la que él participaba --Procomu Habitatge--, y que además dejó de formar parte de ella antes de que empezaran las obras: "No hay ninguna atribución de dinero".
Solà ha matizado algunos datos, como los 193.853 euros del catálogo de masías y casas rurales, que en realidad son 167.155 --descontando el IVA--, y se ha defendido: "Decir que me he lucrado con el IVA es atribuirme un delito".
Sin embargo, no ha cuestionado la necesidad de elaborar el catálogo ni que fuera él mismo el encargado de elaborarlo --como sí han hecho los grupos de la oposición--, porque había que dar una "solución urgente" con intención de unificar los criterios necesarios para autorizar las licencias de obras en todas las masías de Cataluña.
Además de asegurar que hizo 65 facturas por petición de la ACM "por un tema de contabilidad", también ha explicado por qué esas facturas se emitieron solo 15 días después de haber comprado la empresa que luego utilizó para cobrar el servicio, EiL Sau.
La empresa, que llevaba años inactiva, era de un amigo, y decidió comprarla porque no tenía "tiempo material" para constituir una nueva.
El número dos de Cultura también ha dado explicaciones sobre un piso que compró en marzo de 2010 en Cadaqués (Girona) y que podía rondar los 150.000 euros, según publica este miércoles 'El País', y que Solà aún no ha inscrito en el registro "por falta de tiempo".
LEGALIDAD O ÉTICA
Todos los grupos se han mostrado muy beligerantes con la gestión de Solà, y todos han remarcado que, si bien sus actividades puede que sean legales, no son éticas ni morales; sin embargo, Jordi Turull (CiU) les ha acusado de demagogos y de querer "bombardear" la credibilidad de un alto cargo del Govern.
El consejero Mascarell ha llegado al Parlamento catalán con Solà, y ha asistido a la comisión con el director del Icec, Fèlix Riera; el director general de Patrimonio, Joan Pluma; la de Política Lingüística, Yvonne Griley, y el presidente del IRL, Vicenç Villatoro.
Villatoro ha estado hasta el final, y el resto han marchado antes --Mascarell debía presentar en la Catedral de Girona la restauración del Tapiz de la Creación--.
