MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha defendido este lunes en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrado en Bruselas la necesidad reforzar la protección a las personas que cumplen con el deber cívico de denunciar infracciones o prácticas ilícitas. Lo considera medida imprescindible para avanzar en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea.
España se adhiere así a la propuesta de directiva que se esta negociando actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo con la que se pretende cubrir el vacío normativo existente con una protección específica que evite que quienes denuncien conductas contrarias al Derecho de la UE en el seno de organizaciones públicas o privadas se enfrenten a represalias.
Nuestro país apuesta por un sistema de protección simple y eficaz para que su aplicación genere confianza en el denunciante. Asimismo, es partidario de que sea el propio interesado el que elija utilizar los canales internos de su organización para hacer llegar la denuncia o acudir a canales externos a la misma.
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior ha abordado también los trabajos que se están desarrollando en el marco de la negociación de un paquete legislativo europeo en materia de acceso transfronterizo a la prueba electrónica en procesos penales, cuando la información está en poder de proveedores de servicios de internet ubicados en el extranjero.
El secretario de Estado ha dado su apoyo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo que regula el nombramiento de representantes legales para la recogida de pruebas y ha respaldado la negociación de un acuerdo con Estados Unidos, sede de los mayores proveedores de servicios de internet, para el acceso transfronterizo a las e-evidence.
También en relación a este punto, se ha informado acerca de las negociaciones para un Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, un acuerdo internacional multilateral que aglutina a Estados con sistemas legales muy diversos y que tiene por objeto diseñar mecanismos de asistencia mutua más efectivos, en particular, mediante la cooperación directa con los proveedores de servicios de internet en otras jurisdicciones.
Los Estados ajenos a la UE podrán invocar el Protocolo para solicitar datos a los proveedores europeos, por lo que deberá garantizarse la compatibilidad de este marco con el ordenamiento jurídico europeo y sus sistemas de garantías.
En esta reunión de representantes gubernamentales del ámbito de la Justicia, se ha entrado también al debate acerca del uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. El secretario de Estado de Justicia ha subrayado que la transformación digital de la Administración de Justicia es una de las prioridades del Ministerio de Justicia y ha informado de que España participará en el grupo de expertos sobre inteligencia artificial creado en el seno del grupo E-Justice.
Dolz ha defendido una "evolución tecnológica que no reduzca los niveles de protección existentes". "Es esencial - ha dicho - garantizar la seguridad jurídica en un entorno cambiante que genera nuevas realidades y, también, nuevos riesgos".
