3 de junio de 2020
1 de abril de 2020

Secretarios judiciales proponen crear centros públicos para mediar en conflictos entre arrendatario y arrendador

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justica (SISEJ) propone al Gobierno que en caso de conflicto entre arrendador y arrendatario en lo que respecta al pago del alquiler durante el estado de alarma se derive la mediación a centros ya existentes o creando centros públicos de resolución alternativa.

Así lo plantea SISEJ como forma para "llegar a una solución extrajudicial" en caso de conflicto con motivo de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus o establecer este sistema como "paso previo" a la admisión de cualquier demanda en este sentido.

En cualquier caso, el sindicato de letrados de la Administración de Justicia considera acertada la regulación por decreto de "extender la protección de los arrendatarios más vulnerables" durante la vigencia del estado de alarma, pero también de los "pequeños arrendadores" cuyos únicos o gran parte de sus ingresos se derivan del cobro del alquiler.

Así, están de acuerdo en que sean los letrados de la Administración de Justicia los que comuniquen a los servicios sociales competentes para iniciar una suspensión extraordinaria del acto de alzamiento en los casos de arrendatarios que no encuentren una alternativa habitacional. También valoran que se les permita prorrogar por un mes tras el transcurso del primer mes concedido para desalojar el inmueble, cuando se trate de vivienda habitual del ejecutado y existan motivos fundados.

"Por ello, y dadas las graves consecuencias económicas y sociales que la expansión del Covid-19 ha generado, creemos adecuado que el plazo máximo sea de seis meses, dada la especial vulnerabilidad de muchos arrendatarios tras la crisis", remarcan.

Por otra parte, el sindicato también está de acuerdo con las medidas para "los pequeños arrendadores que puedan también estar en una situación vulnerable, es decir, ciudadanos cuyos únicos o gran parte de sus ingresos consistan en el alquiler de la vivienda arrendada, siendo estos necesarios para su subsistencia".

Cuando el arrendador acredite en el juzgado encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida por la pandemia, serán los letrados de la Administración de Justicia los que los comuniquen igualmente a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

COLABORAR CON JUSTICIA

En relación con la disposición del decreto que prevé el impulso de un plan de actuación para agilizar la actividad judicial de los órdenes social, contencioso-administrativo y mercantil, el sindicato entiende que es "una medida necesaria para poder paliar, en lo posible, las consecuencias generadas por la crisis del Covid-19 y contribuir a una rápida superación de ésta".

"Desde la lealtad institucional y el compromiso con el servicio público que la Administración de Justicia presta, el SISEJ se pone a disposición del Ministerio de Justicia para colaborar en cuanto sea posible en el referido plan. Somos conscientes que cuando pase el estado de alarma, la situación comportará relevantes esfuerzos y entrega desde el sector de la Justicia, como la que realizan ahora quienes trabajan en el ámbito sanitario. Ahora ellos, después nosotros", afirma.

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