Los grupos de la oposición rechazan la ley y emplazan al PP a dialogar con las corporaciones locales y las comunidades autónomas
MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el proyecto del ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa y ha incorporado seis enmiendas transaccionales que el PP ha pactado con otros grupos. Con estas modificaciones, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para proceder a su aprobación definitiva.
Durante el debate en Pleno, el PP ha pactado seis enmiendas transaccionales con otros grupos parlamentarios relacionadas con las licencias deportivas únicas, los consorcios sociosanitarios y el Consejo de la Juventud que finalmente han sido aprobadas en una votación final. El resto del proyecto de ley ha recibido 147 votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones.
El texto, al que se han presentado 8 vetos y un total de 181 enmiendas, ha llegado al Pleno ligeramente modificado respecto al que entró en el Senado, después de que la ponencia creada para debatir y analizar la norma incorporara al dictamen la mayoría de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, el PP ha vuelvo a votar en contra de las enmiendas de los demás grupos.
Así, el proyecto de ley, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y la simplificación de trámites administrativos, sale de la Cámara Alta con el principal apoyo del Grupo Popular.
RECHAZO EN BLOQUE DE LA OPOSICIÓN
Todos los grupos de la oposición han rechazado la ley --como han venido haciendo desde el inicio de la tramitación parlamentaria-- alegando que es un proyecto "recentralizador" que invade y reduce las competencias locales y autonómicas a través de la que se pretende suprimir órganos necesarios. Sin embargo, el PP sostiene que la norma busca hacer más eficiente la Administración para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
Así, los distintos grupos han emplazado al Grupo Popular a realizar una reforma de la Administración "desde el consenso" a través del "diálogo" con las comunidades autónomas y las corporaciones locales sobre la racionalización del sector público.
Desde el Grupo Socialista, el senador Juan María Vázquez, ha recalcado que esta reforma "o se hace con consenso político y social, o no se hace". En su opinión, la ley es "ideología pura y dura" y atiende al desmantelamiento que está haciendo el PP de los servicios públicos básicos en contra de los derechos de los ciudadanos.
Además, ha denunciado la destrucción de empleo en instituciones locales frente a que "apenas" se han realizado "recortes" en la Administración General del Estado. Vázquez ha criticado especialmente la supresión de organismos sociales que contempla la ley, como el Instituto de la Mujer o el Consejo de la Juventud. Asimismo, ha reprochado al PP que no proponga "ni una sola medida de mejora, ni de innovación ni de control de cuentas".
Desde el Grupo Mixto se han mostrado muy contundentes y la senadora Ester Capella (ERC) ha subrayado que la norma no cumplirá con el objetivo de crear administraciones más eficientes. Además cree que "sustrae a las comunidades autónomas" sus competencias, y por ello, a su juicio, la ley es un "certificado de defunción" de la política autonómica fruto de la "visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado" que tiene el PP, partido que "camina" en "sentido contrario a las demandas de la ciudadanía".
ESQUINAZO AL SOBREPESO DEL SECTOR PÚBLICO
El senador de Foro Isidro Manuel Martínez ha tachado la ley de "fracaso" del Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo que ha destacado que ésta "no responde ni de lejos" a los compromisos electorales del PP: "Hoy el Gobierno da esquinazo al problema del sobrepeso generalizado del sector público", ha lamentado, insistiendo en que la norma no mejorará la calidad de los servicios.
José Manuel Mariscal, senador del Grupo Mixto, ha enfatizado que el PP pretende hacer "lo contrario" a racionalizar el sector público y la norma atiende a la "recentralización autoritaria" que es propia de los 'populares'.
El portavoz adjunto de la Entesa, Jordi Guillot, recalcado que la ley no logrará ni la eficiencia en el gasto ni la supresión de duplicidades: "Lo que el Gobierno presenta tiene como único objetivo recortar el gasto público para cumplir con el objetivo de déficit", ha asegurado para a continuación añadir que forma parte del "paquete de recortes" y de "privatización" de esta legislatura.
Desde el PSC, el senador Joan Sabaté cree que se va a provocar un deterioro de los servicios públicos. Además, ha hecho hincapié en que el Consejo de Estado recomienda cambiar el título a la norma para ajustarlo al contenido de ésta.
"No hay una sola medida de innovación que mejore la eficacia y eficiencia" ni que suponga "una adaptación" de la Administración "a los nuevos tiempos", ha señalado. A su juicio, el PP "ha cogido las tijeras de nuevo" para "recortar, reducir y privatizar".
Asimismo, la senadora del PNV Rut Martínez, durante la defensa del veto de su grupo, ha aseverado que la ley "ni ordena, ni reduce costes ni mejora la eficiencia" y ha explicado que se aproxima a un "desmantelamiento del Estado de Autonomías" y de "lo público" y que es contraria al ordenamiento jurídico.
Por su parte, el senador de CiU Ferran Bel ha dicho que el proyecto de ley vulnera varias leyes y, en concreto, los estatutos de autonomía de las comunidades. También ha defendido que "empeora los avances" conseguidos en los últimos 30 años en la configuración de un Estado descentralizado en el que la administración local y autonómica tienen "un papel relevante"
PP: LA IZQUIERDA PUSO EN PELIGRO LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En respuesta a la oposición, el senador 'popular' Juan Antonio de las Heras ha contestado a cada uno de los senadores que han intervenido, y se ha defendido asegurando que "quien puso en peligro los servicios públicos básicos" en España "fue la izquierda". En concreto, se ha referido a la herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "que llevó al país a la banca rota".
Para De las Heras la ley no vulnera ninguna competencia autonómica en ningún ámbito y garantiza la eficiencia de las administraciones. Así ha defendido que los servicios públicos han sido "puestos en alza y en valor" por el PP y ha asegurado que no responde a una cuestión ideológica.
Sobre la falta de acuerdo, ha aseverado que el Parlamento español "legisla en base a una mayoría que otorgó el pueblo español" y ha aseverado que la nueva reforma atiende a las críticas recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
En este sentido, también ha manifestado que desde el Grupo Popular tienen la sensación de que los grupos de oposición son como "el perro de hortelano, que ni come ni deja comer": "Basta presentar un proyecto de ley para darle hasta en el cielo del paladar", ha zanjado.
