10 de abril de 2020
19 de septiembre de 2008

Siete imputados en el 'caso Pallerols' irán a juicio por fraude, malversación de fondos y tráfico de influencias

La juez también imputa a Pallerols nueve delitos contra la hacienda pública

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona finalizó esta semana la investigación del denominado 'caso Pallerols' y mantiene las imputaciones por fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y receptación contra siete implicados en la presunta financiación irregular de UDC mediante fondos europeos.

El 'caso Pallerols' se inició después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo, dirigida entonces por el miembro de UDC Ignasi Farreras, había otorgado subvenciones por un valor aproximado de 8.856.510 euros a tres empresas de Fidel Pallerols y su esposa, María de la Cruz Guerrero, para la realización de cursos ocupacionales y de reciclaje entre 1990 y 1999, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

La juez instructora, Sílvia López Mejía, sostiene que hay "indicios racionales suficientes" que demuestran que el militante de UDC Santiago Vallvé recibía mensualmente dinero de Fidel Pallerols en concepto de "comisión", según consta en los libros de contabilidad del conglomerado empresarial, Centre d'Estudis Informàtics (CEI), y la agenda personal del propio Pallerols.

La Guardia Civil descubrió que ocho de los 376 cursos investigados no se realizaron y que 233 tenían diferentes irregularidades. Todos ellos se impartían en alguna de las tres empresas que conformaban el CEI: Centre d'Estudis Infomàtics-Formació S.A. (CEIFSA), Assesorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals S.A. (ANDSA) y Tècniques Empresarials i Ocupacionals S.A. (TEOSA). Todas ellas tenían delegaciones en las cuatro capitales de provincia catalanas.

A través de Vallvé, Pallerols contactó con altos cargos de Unió; en concreto, con su secretario general, Vicenç Gavaldà, con quien presuntamente diseñó un plan para gestionar las subvenciones y acordó entregar hasta el diez por ciento de las mismas al partido en forma de salarios, incluyendo cargos y militantes de UDC en las nóminas.

La magistrada cree que el director general de Ocupación de la Conselleria, Lluís Gavaldà, y la subdirectora del citado departamento, Dolors Llorens, podían conocer las operaciones irregulares. Como encargados de fijar las cantidades de las subvenciones públicas procedentes del Fondo Social Europeo, proponían y otorgaban "de forma injustificada y arbitraria" las ayudas y omitían "de forma intencionada" la comprobación de los datos necesarios para su otorgamiento.

El hijo de Pallerols y Guerrero, Jaume --responsable del sistema informático del Servei Català-- era quien supuestamente introducía en el programa irregularidades tales como la asistencia de "alumnos falsos" a los cursos para ocultar datos que pudieran suponer la fiscalización de las subvenciones.

NUEVA CAUSA CONTRA PALLEROLS

A raíz del atestado presentado por la Guardia Civil, López Mejía acusó a Pallerols, a su mujer y al hijo de ambos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias, así como a Lluís Gavaldà, Dolors Llorens, Vicenç Gavaldà, Santiago Vallvé, Juan Carlos Roda, Susana Torrent, Esther Massaneda, Josep Maria Carol, Juan Martín y Josep Enric Millo --que fue diputado de UDC y, de 1991 a 1995, delegado de la Conselleria de Trabajo en Girona--.

El 5 de diciembre de 2005, la juez instructora decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra todos los acusados y por todos los cargos, pero mantuvo la imputación contra Pallerols por nueve presuntos delitos contra la hacienda pública.

La Fiscalía, la Generalitat y el Estado recurrieron la decisión judicial y, en noviembre de 2006, la Audiencia de Barcelona revocó el archivo de la causa contra la familia Pallerols, Lluís Gavaldà, Josep Enric Millo, Santiago Vallvé y Vicenç Gavaldà por los presuntos delitos de fraude de subvenciones públicas, falsedad documental y receptación.

Además, a petición de la Generalitat, la Sección Décima ordenó que se instruyeran en una causa separada los nueve delitos contra la hacienda pública imputados a Pallerols. La investigación, que también finalizó esta semana, permitió recabar "indicios suficientes" de la trama organizada para obtener subvenciones públicas irregulares y transferir el dinero a Andorra para no tributar.

En lo que respecta a Josep Enric Millo, que actualmente es diputado del PP, la juez instructora se inhibió en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dada la condición de aforado del acusado y el Alto Tribunal catalán decretó, en enero, el sobreseimiento provisional de la causa.