MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Supremo ha confirmado la condena a 32 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en julio del año pasado al dirigente etarra Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza", por dar las órdenes y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien permaneció retenido por la banda terrorista 532 días.
La sentencia de la Audiencia Nacional también condenó a 32 años de cárcel a Julián Achurra Egurola, "Pototo", pero Aguirre Lete fue el único que recurrió en casación su condena, alegando que los documentos en los que se basó el tribunal para imponerle la citada pena no fueron incorporados en la causa de forma legal.
El alto tribunal admite que lo declarado por los autores materiales del secuesro del funcionario de prisiones se refiere a Achurra y no a Aguirre Lete, pero explica que dichas declaraciones "dan pie para sostener que la decisión del secuestro fue de la dirección de ETA y que tenían informada a la dirección de la situación del secuestrado". Además, era ella la que tenía "la decisión última para dejarle en libertad".
En cuanto a la prueba de cargo contra Aguirre Lete, el Supremo afirma que "la Audiencia se apoyó fundamentalmente en los informes de la Guardia Civil" realizados con la documentación que se le intervino en Francia tras su detención, el 26 de noviembre de 1996. "No puede objetarse la invalidez procesal de dicha incorporación en la medida que su cualidad de elemento probatorio se produce directamente mediante la intervención de la propia autoridad judicial, concretamente, el juez" que instruyó el caso, insiste la resolución dada a conocer hoy.
La Audiencia Naciona condenó a los ex dirigentes etarras por los delitos de secuestro terrorista y conspiración para el homicidio terrorista, al considerar probado que Julián Achurra fue "el máximo responsable del suministro de material, objetos y dinero, a los distintos grupos de delincuentes que integran la organización, para que pudieran cometer actos ilícitos, función en la que fue sustituido por Juan Luis Aguirre Lete, hasta que también fue detenido en Francia el 26 de noviembre 1996".
En la primavera de 1995, ETA decidió secuestrar a un funcionario de prisiones y condicionar su liberación a que el Gobierno español trasladara a los presos de la organización terrorista a cárceles del País Vasco o Navarra, o a centros cercanos a esos territorios.
ÓRDENES DE "POTOTO".
Según la Audiencia, "Pototo" ordenó a los ya condenados José Luis Erostegui, Javier Ugarte, Jesús María Uribecheverría y José Miguel Gaztelu Ochandorena que seleccionaran y recabaran información sobre una víctima para secuestrarla. También se les ordenó "el acondicionamiento y mantenimiento de un cuchitril donde debían retenerla", por lo que construyeron un habitáculo de 3,5 metros cuadrados en la cooperativa Jalgi, en Mondragón.
Además, el dirigente etarra les facilitó 30 millones de pesetas, en dos partidas, una de 25 millones y otra de 5, que ya fue ordenada por "Isuntza".
Los terroristas decidieron secuestrar al funcionario de la cárcel de Logroño José Antonio Ortega Lara. Miembros de la banda le abordaron el 17 de enero de 1996, cuando llegó a su domicilio en Burgos y entró con su vehículo en el garaje. Después fue trasladado al habitáculo que habían preparado para mantenerle secuestrado en un camión que como carga llevaba una máquina, que en realidad era un artilugio fabricado para ocultar a la víctima.
Ortega Lara permaneció retenido hasta el 30 de junio de 1997, cuando fue liberado por la Guardia Civil. La sentencia explica que en el momento de su liberación "presentaba aspecto de extremo sufrimiento y angustia con gran debilidad física", entre otras secuelas. Mientras estuvo secuestrado recibía de sus captores tres comidas diarias y medicinas, "sufriendo crisis nerviosas y llegando a planear su suicidio ante lo insoportable de su situación".
Según el tribunal, "Pototo" e "Isuntza" "tenían decidido que si el Gobierno no cedía no saldría con vida de su cautiverio". Ambos eran los responsables máximos de la banda terrorista cuando se planeó y comenzó el secuestro del funcionario de prisiones, por lo que la sentencia afirmaba que "conocían en todo momento la situación de Ortega Lara, dando órdenes de mantenerla a pesar del evidente peligro que había para su vida".
