11 de noviembre de 2019
4 de junio de 2019

El Supremo mantiene a Franco en el Valle de los Caídos a un año de cumplirse el anuncio de su traslado inmediato

El Gobierno no contaba con que la familia del dictador fuera a plantear una complicada batalla jurídica para frenar el proceso

El Supremo mantiene a Franco en el Valle de los Caídos a un año de cumplirse el anuncio de su traslado inmediato
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El Supremo suspende cautelarmente la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de las primeras medidas que tomó Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa fue la de poner en marcha la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos para terminar con la anomalía de que una democracia asentada como España mantenga exaltado al dictador en un monumento público, pero también para poder colgarse esa medalla antes de las elecciones generales, que sabía que no podía tardar en convocar.

Después de formar con éxito en tiempo récord un Gobierno moderado, con perfiles solventes y de prestigio que tuvo una grata acogida general, Sánchez, como él mismo ha admitido en privado, pecó de ingenuidad y pensó que exhumar los restos del dictador sería igual de sencillo y rápido.

La primera reunión de la dirección del PSOE tras el triunfo de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, celebrada en Ferraz el 18 de junio de 2018, anunció la decisión, que se quería llevar a cabo "en el plazo más breve posible", según avanzó entonces en rueda de prensa el portavoz del partido, Óscar Puente.

El propio Sánchez verbalizaba unos días después esa excesiva confianza que tuvo el Gobierno respecto de la simplicidad de la operación. "Os pillará trabajando", les comentó a un grupo de periodistas el 27 de junio para advertirles de que contaba con poder exhumar a Franco antes del parón estival de agosto.

El Ejecutivo inició entonces un acercamiento a la familia Franco que le sirvió para constatar la oposición de ésta a la exhumación del dictador y para darse cuenta de la complejidad que iba a entrañar la operación, frente a lo que había pensado en un primer momento.

Pero Sánchez estaba determinado a llegar hasta el final, consciente de que la exhumación del dictador era de los pocos logros que podría vender de su gestión al frente del Gobierno, dada la dificultad de gobernar con un grupo de tan sólo 84 diputados.

A la vuelta del parón estival, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de agosto de 2018 el real decreto ley que daba cobertura jurídica a la exhumación a través de una ampliación de la Ley de Memoria Histórica y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.

El Gobierno estimó entonces un nuevo plazo para la exhumación, finales de 2018, que de nuevo se incumplió. El inicio del procedimiento administrativo para exhumar a Franco abrió una larga batalla jurídica con la familia y su entorno, muy bien asesorados legalmente, que aún se prolonga a día de hoy.

El Ejecutivo volvió a pecar de ingenuidad cuando confió en que la familia Franco acabaría aceptando trasladar los restos de su abuelo al cementerio de Mingorrubio. Por eso, al iniciar el procedimiento, dejó a la familia la posibilidad de elegir el lugar de inhumación. Sólo en caso de que no se hicieron cargo del féretro, el Ejecutivo tendría la facultad para elegir el lugar de inhumación.

LA SORPRESA DE LA ALMUDENA

Pero lo que desconocía era que la familia Franco poseía a perpetuidad unas sepulturas en la cripta de La Almudena, donde está enterrada la única hija del dictador, Carmen Franco y Polo, y su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, y donde hay sitio para dos cuerpos más: el del general y su esposa, que los nietos de Franco trasladarían desde la capilla del cementerio de Mingorrubio a La Almudena.

La decisión de la familia de ubicar los restos de su abuelo, sólo en caso de que fuera imparable la exhumación, en La Almudena supuso el primer tanto del entorno de Franco en esta batalla legal en detrimento del Gobierno, que en un primer momento asumió que no podía hacer nada para evitar que los restos del dictador acabaran en un lugar mucho más céntrico que el Valle de los Caídos, incluido en todas las rutas turísticas y que podía tener el efecto contrario al buscado, porque en lugar de aislar la tumba, sería mucho más fácil visitarla.

Semanas después, el Gobierno cambió de criterio y comenzó a expresar su oposición a que Franco fuera trasladado a La Almudena. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a implicar al Vaticano en la búsqueda de una alternativa a la cripta de la catedral, un compromiso que la Santa Sede desmintió.

Cerca de terminarse el año 2018, el Supremo rechazó un primer intento de la familia Franco de paralizar el procedimiento, pero advertía al Ejecutivo de que no podría ejecutar la exhumación sin conceder antes a la familia la posibilidad de recurrir la orden concreta de exhumación.

El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se culminaba el proceso administrativo para exhumar a Franco llegó el 15 de febrero e incluía un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid para justificar su negativa a enterrar al dictador en La Almudena, basándose en los motivos de seguridad y de orden público alegados por el informe de la Delegación.

El Gobierno dio un nuevo plazo de 15 días a la familia para elegir una ubicación diferente a La Almudena e intentó negociar, sin éxito, con ella. A los nietos se les llegó a ofrecer que una patrulla de la Guardia Civil vigilara el panteón de Mingorrubio, un compromiso que para la familia no supone garantía suficiente de seguridad, pues un futuro Gobierno podría no sentirse concernido por ese compromiso.

La familia recurrió la orden de exhumación, que el Supremo ha decidido paralizar este martes, hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto "en un plazo razonable".

Un mes antes de que arrancara la campaña electoral de las generales, el Ejecutivo anunció que procedería a la exhumación el 10 de junio si para entonces el Supremo no paralizaba la operación, como finalmente ha sucedido, y decidía el lugar de inhumación: el panteón del cementerio de Mingorrubio, de titularidad estatal, donde reposan los restos de la mujer de Franco.

Desde hace unos días, desde el Ejecutivo aseguraban tenerlo "todo listo" para proceder a la exhumación. Para entrar en la Basílica del Valle de los Caídos el Gobierno precisa de la autorización del prior de la abadía benedictina que custodia el templo o, en su defecto, el permiso de la autoridad judicial competente.

En el entorno del prior se asume que, con el visto bueno del Supremo, el religioso no se opondrá a permitir en el templo la entrada de los técnicos que vayan a llevar a cabo la exhumación.

Es más, en una carta remitida a la vicepresidenta del Gobierno en febrero pasado, el Vaticano señalaba que la Iglesia no se opondría a la exhumación "si la Autoridad competente así lo dispone". "A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles", señalaba la misiva del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.