MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo revisará en vista pública el próximo 8 de octubre la condena a 60 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al histórico dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por el intento de asalto a la Delegación de Hacienda de Gijón que costó la vida el 10 de marzo de 1989 a dos agentes de la Guardia Civil.
El ponente de la sentencia que se dicte en el Tribunal Supremo será el magistrado Adolfo Prego, según informaron fuentes de este órgano.
La Audiencia Nacional dictaminó en febrero del pasado año que Silva Sande cometió en este caso los delitos de robo con homicidio y de atentado con resultado de muerte --penados con 30 años de prisión cada uno-- "por su participación directa y material en los hechos ya fuera realizando personalmente y de propia mano las acciones o coparticipando de forma imprescindible en la muerte de las víctimas guardias civiles".
El tribunal, consideró como "prueba de cargo esencial" contra el condenado la declaración judicial prestada por el procesado en esta misma causa Guillermo Vázquez Bautista, quien especificó "la concreta participación delictiva Silva Sande", su compañero de comando.
Concretamente, Vázquez Bautista relató ante el juez Baltasar Garzón --encargado de la investigación de la causa-- que él y Silva Sande dispararon "contra los guardias civiles que se encontraban en la puerta del Banco, con dos revólveres de calibre 38, teniendo de antemano previsto todos los miembros del grupo dar muerte a ambos guardias civiles, porque era la única forma de entrar en el banco".
"También adquieren especial valor las declaraciones de testigos que describen de forma sustancialmente coincidente entre si y a como lo hace Vázquez Bautista, la forma en como se produjeron los hechos, el número de intervinientes y singularmente el papel jugado por cada uno de ellos", añadía la sentencia.
Durante la celebración del juicio en noviembre de 2008, Silva Sande atribuyó la responsabilidad del acto a Pedro Pérez, alias 'camarada Arenas', secretario general del PCE(r) --siglas del Partido Comunista de España (reconstituido)-- ilegalizado por el Tribunal Supremo al considerarle el brazo político de los GRAPO.
"Los GRAPO ejecutan lo que les ordena el partido y el secretario general es la autoridad máxima, siempre ha sido así", señaló el gallego Silva Sande antes de mostrarse convencido de que ninguna "acción" de la organización terrorista "se hace sin la autorización" del 'camarada Arenas'. Asimismo, el terrorista negó cualquier relación con los hechos alegando que en 1989 se encontraba en Francia.
