MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio en el que este martes estaban citados para declarar como testigos el ex comisario José Manuel Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, imputado en la pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem', contra dos traductores de la Policía por extorsionar a un empresario, también investigado, ha quedado suspendido 'sine die' porque uno de los acusados ha cambiado de abogado.
Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, las declaraciones testificales han quedado aplazadas a la espera de que el imputado que ha cambiado de defensa designe a un nuevo abogado, tras lo cual se señalará nueva fecha para el juicio.
Estaba previsto que tanto Villarejo como los demás testigos comparecieran de forma presencial, ya que así lo ha dispuesto el tribunal, por lo que el comisario jubilado iba a ser trasladado desde la prisión de Estremera, donde se encuentra de forma provisional desde noviembre de 2017 como principal investigado en el caso 'Tándem'.
La Fiscalía ha solicitado la declaración de seis policías, entre ellos Villarejo, Gómez Gordo y el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, que debía comparecer este jueves.
Tanto Gómez Gordo como Martín Blas están imputados en 'Kitchen', pieza separada de 'Tándem' --sobre los negocios del ex comisario Villarejo-- donde se investiga el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados del Ministerio de Interior durante la era de Jorge Fernández Díaz, también imputado.
MERCADEO DE INFORMACIÓN
La Fiscalía Anticorrupción pide más de ocho años de cárcel para Alí Shan e Ijaz Ahmad, que fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).
El empresario Harischandra Tarachand Varma, uno de los investigados en dicha causa al que se le habían intervenido varias conversaciones, denunció en abril de 2014 ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que los traductores le habían extorsionando. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, le ofrecieron datos de la causa a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando y le amenazaron con "influir en su contra" si no accedía.
Varma formalizó la denuncia ante los juzgados de Madrid en agosto de 2014 pero, de acuerdo con Anticorrupción, lo hizo "a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad" porque "no era víctima de delito alguno", ya que se habría acabado beneficiando de la información proporcionada por los dos traductores, incluso llegando a exigirles un flujo continuo de datos.
Por todo ello, los fiscales piden para los tres acusados más de 8 años de prisión por revelación de secretos, extorsión, más cohecho para los traductores y simulación de delito para el empresario. Asimismo, ha solicitado el archivo de las actuaciones para un cuarto investigado, a quien llama a declarar como testigo para que relate su conocimiento de los hechos.
