CEUTA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Tres de los 153 militantes de la Federación socialista ceutí hasta su disolución, el pasado 10 de octubre, por orden de la Ejecutiva Federal del PSOE, el ex presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Basilio Fernández; el secretario general de UGT, Antonio Gil, y el que fuera miembro de la Ejecutiva Regional socialista local José Luis Martínez López, presentaron esta mañana una demanda de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.
De éstos, señalaron el derecho a participación política como elegibles en las elecciones generales del próximo mes de marzo, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad para solicitar la "nulidad radical" de la decisión de la Dirección Nacional del partido y, en todo caso, su suspensión cautelar en tanto se dicte una sentencia definitiva.
Los demandantes aseguraron en declaraciones a Europa Press haber agotado "todas las vías de diálogo" con el partido y quisieron dejar claro que su decisión no supone un "ataque" al partido sino "una defensa de los derechos". "Hay cosas a las que una persona, y más un socialista, no puede renunciar, sobre todo si así se puede hacer un bien al partido", reflexionó Fernández.
La demanda, que se tramitará de forma preferente por afectar a los Derechos Fundamentales, aspira a que la Justicia reconozca que la Federal socialista vulneró "tanto en la forma como en el fondo" los artículos 22 --del derecho de asociación--, 24 --sobre la tutela efectiva de jueces y tribunales-- y 25 --relativo, por extensión, al derecho sancionador-- de la Constitución Española, así como la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación.
Según los tres demandantes, un mes después de que se hiciera pública la decisión de disolver el partido todavía no saben cuáles fueron "las razones concretas" de Ferraz para adoptarla; denuncian que no se les concedió la posibilidad "ni de ser oídos previamente ni de presentar recurso alguno con posterioridad" y que se adoptó en base a un Reglamento --la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del partido-- que "si hubiera tenido que pasar un control administrativo de legalidad nunca lo hubiera superado".
De pronunciarse un auto en línea con su demanda la "nulidad radical" de la disolución de la federación implicaría también la nulidad de todas las decisiones que se tomaron a partir de ella, como el nombramiento de una Comisión Delegada presidida por el diputado por Cádiz Salvador de la Encina.
La Audiencia Provincial de Vizcaya ya dictó en 2002 una sentencia sobre un caso "similar", a juicio de los ex militantes socialistas ceutíes, que anuló la expulsión de 18 militantes, entre ellos el que ahora vuelve a ser alcalde de Sestao, José Luis Martín Merino. En su auto la Audiencia señalaba que "de lo que se trata", concluyó el Tribunal y respalda Fernández, "es de que la propia asociación o el propio partido respeten sus normas internas y las normas externas que en cada caso les sea aplicable", cumpliendo "cuantos requisitos formales sean exigibles" y respetando "muy señaladamente" los principios "de audiencia, defensa y prueba" que Fernández, Gil y Martínez consideran que tampoco se han respetado en su caso.
De la Encina manifestó esta mañana en declaraciones a Europa Press su "respeto" por la decisión de los tres ex militantes aunque reiteró que a su juicio la Justicia "no está para resolver los problemas de la política". "Los tribunales están ahí para todo aquel que se considere perjudicado en sus derechos y cualquier persona tiene derecho a recurrir a ellos", argumentó el parlamentario: "Pero yo pienso que la Política y la Justicia no deberían mezclarse porque esta última está para resolver los problemas de los ciudadanos, no de los políticos, que estamos también para solucionar problemas, no para saturar la Justicia".
