MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas tiene previsto fiscalizar este año los gastos de publicidad que realizaron varios ministerios entre 2005 y 2007, es decir, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así consta en el Programa de Fiscalizaciones para 2008 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press.
El organismo fiscalizador realizará esta tarea por mandato de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en virtud de las propuestas de resolución planteadas por los grupos al informe realizado por la institución sobre los contratos de publicidad de la Seguridad Social en la etapa en que Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo.
Además de controlar los gastos en publicidad de los departamentos ministeriales, el Tribunal de Cuentas fiscalizará también los de los organismos autónomos dependientes de estos ministerios. Asimismo, tiene pendiente emitir un informe sobre los contratos de publicidad suscritos durante los ejercicios 2005 y 2006 por las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social.
También hará lo propio con las campañas de publicidad de las administraciones públicas autonómicas que no disponen de órgano de control externo propio, poniendo especial énfasis en el control de la "posible existencia de financiación implícita o encubierta de campañas" y su adecuación a los principios establecidos en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional aprobada en 2005.
Estas fiscalizaciones se extenderán también al ámbito local. En concreto, durante este año el Tribunal de Cuentas se ha propuesto analizar los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los principales ayuntamientos entre 2005 y 2007, una tarea que ya incluyó en su calendario para el año pasado, pero que aún no ha llevado a término.
CASOS DE CORRUPCIÓN.
Por otra parte, el órgano fiscalizador prevé hacer públicos también este año informes sobre consistorios donde han surgido casos de presunta corrupción, como el de Marbella (Málaga) y el de Torres de la Alameda (Madrid), dos estudios que deberían haber concluido el año pasado.
En concreto, el Tribunal de Cuentas fiscalizará las actividades del ayuntamiento marbellí y de sus sociedades mercantiles participadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006, fecha en la que tomó posesión la comisión gestora que se creó tras la disolución del consistorio, mientras que la fiscalización del ayuntamiento de la citada localidad madrileña afectará a los ejercicios comprendidos entre 1995 y 1999.
