MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este lunes en el Congreso de los Diputados el informe que puso en cuestión la regulación y funcionamiento del Alto Comisionado de la Marca España, creado en 2012 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
En dicho informe, recogido por Europa Press, el organismo fiscalizador alertaba de que el Alto Comisionado todavía carece de desarrollo normativo, de una financiación "prácticamente inexistente", de una evidente falta de medios que le impide realizar su labor, así como de la falta de comprobación del cumplimiento de los convenios que suscribe.
El Alto Comisionado de la Marca España, que tiene rango de secretario de Estado pero sus funciones no son retribuidas, depende funcionalmente del presidente del Gobierno y orgánicamente del ministro de Asuntos Exteriores. Su objetivo es la mejora de la imagen exterior de España, así como la planificación, el impulso, coordinación y seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, encaminada a la promoción de dicha imagen.
En ese informe, que será detallado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de cuentas, se examinaron los primeros años de funcionamientos del Comisionado (2012-2016) y su primera conclusión es que, pese al tiempo transcurrido, "existe un insuficiente desarrollo normativo del ejercicio de sus funciones".
Más allá del decreto de su creación, que ya fue modificado, la oficina del Alto Comisionado "no cuenta con ninguna norma que regule su funcionamiento" y tampoco tiene reguladas sus relaciones con los 'embajadores Marca España' (selección, obligaciones, código de conducta), ni los criterios establecidos para relacionarse con las empresas colaboradoras.
EXTERIORES SIGUE EJERCIENDO PARTE DE SUS FUNCIONES
Algunas de sus funciones ya eran parcialmente asumidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ha dejado de tenerlas atribuidas. Y la gran mayoría de las líneas de actuación previstas en sus planes estratégicos no depende de la acción del Comisionado, ni en su planificación ni en su impulso ni en su consecución.
El Tribunal de Cuentas también advirtió de que en la web del Alto Comisionado no se han publicado las informaciones que exige la Ley de Transparencia, salvo el currículo del actual titular del organismo, Carlos Espinosa de los Monteros.
Igualmente, denunció que el proyecto Marca España se concibió como una política de Estado, en su sentido más amplio, incluyendo a todas la Administraciones, al sector privado y a la sociedad civil, "y, sin embargo, su financiación es prácticamente inexistente".
"La falta de medios ya ha sido puesta de manifiesto por la Oficina del Alto Comisionado en diversos momentos, advirtiendo de que la falta de presupuesto impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión y compromete el éxito del proyecto para el futuro", añade el informe.
NO COMPRUEBA SI SE CUMPLEN LOS CONVENIOS
Aunque tiene competencia para suscribir convenios, la institución fiscalizadora detectó que el Comisionado hizo un seguimiento "defectuoso" de los acuerdos firmados, hasta el punto de que en algunos casos se impidió" comprobar la realidad de las actividades". "En ocasiones los pactos se han acordado de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia, e impide cualquier revisión o control posterior", señala.
Así las cosas, el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda recomienda al Gobierno "desarrollar el adecuado marco normativo para el ejercicio de las funciones del Alto Comisionado y la actividad del proyecto Marca España, tanto en el ámbito contractual, patrimonial como operativo".
También pide para la oficina "los medios humanos y materiales necesarios a las unidades encargadas de llevar a cabo el Proyecto Marca España a fin de que puedan cumplir ordenadamente sus objetivos", así como "la adopción de medidas para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios suscritos".
