Los partidos políticos se repartieron ese año casi 200 millones de euros en subvenciones y 10 millones en donaciones privadas
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentará el martes en el Congreso el último informe anual de fiscalización de los partidos políticos, correspondiente a 2006, en el que se reflejan lo créditos que liquidó el PSOE por un importe global de 11 millones de euros y en que se impuso una multa a Unió Democràtica con 272.000 euros por aceptar un donativo que triplica lo permitido.
En ese informe, aprobado por la institución el pasado 25 de febrero y al que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que tanto el PSOE como Eusko Alkartasuna negociaron en 2006 créditos vencidos que tenían pendientes de años anteriores alcanzando acuerdos que cubren el principal de las deudas.
Eso sí, el Tribunal dice desconocer los términos de la negociación que han ocasionado el cálculo de los intereses abonados, por lo que señala que "no le es posible pronunciarse sobre la existencia o no de condonación de deuda por intereses ni, en su caso, sobre la razonabilidad de los intereses regularizados, al desconocerse el coste financiero devengado".
La condonación de intereses supone una correlativa disminución de la deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la Ley de 1987 sobre financiación de los partidos políticos.
En el caso del PSOE, el informe señala que su negociación con dos entidades de crédito ha permitido cancelar cuatro operaciones originadas antes de la ley de 1987 --créditos contratados principalmente para hacer frente a la campaña del referéndum de la OTAN de 1986, que no permitía subvenciones del Estado-- y que vencieron sin haberse pagado. El importe global era de 6,75 millones de euros (2,5 de principal y 4,24 de intereses).
También se han liquidado doce operaciones, suscritas en su día por el PSE y Euskadiko Esquerra, que han supuesto la entrega a la entidad bancaria de 779.754 euros (344.595,96 de principal y 435.158,04 de intereses).
Por su parte, Eusko Alkartasuna negoció el pago de tres créditos vencidos que figuraban contabilizadas por un total de 585.986,80 euros de principal y 314.492,43 euros de intereses.
Al término del ejercicio 2006, la deuda vencida de los partidos políticos ascendía a unos 12,1 millones de euros (8,9 millones de principal y 3,2 millones de intereses), distribuyéndose entre cinco formaciones: EA (0,8 millones), Izquierda Unida (0,5 millones), Partido Andalucista (8,1 millones), PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca (0,1) y Unió Democrática de Catalunya (2,6 millones).
LA DEUDA CONJUNTA SUPERA LOS 190 MILLONES
Además, la deuda 'viva' de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales con entidades de crédito suma 191,1 millones de euros, de los que 1,5 millones de euros son intereses, y la de los partidos con representación en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas asciende a 10,2 millones de euros, correspondiendo su mayor parte al Partido Andalucista, con un principal de 6,7 millones de euros y unos intereses vencidos de 1,9 millones de euros.
El informe de fiscalización comprende a 17 formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados y a otras 14 con presencia en Parlamentos autonómicos. Todas presentaron sus cuentas a tiempo salvo Coalición Canaria e Izquierda Unida, a la que se reprocha también no haber presentado los datos de sus federaciones de Castilla y León, Ibiza y Formentera, La Rioja y Valencia.
En total, la financiación pública otorgada en 2006 a los partidos políticos para su funcionamiento ordinario supuso al menos 193,1 millones de euros. De este importe, 184,5 millones corresponden a partidos con representación en las Cortes Generales, 6,2 millones a otras formaciones con representación únicamente en Asambleas autonómicas; y 2,4 millones de euros a otras formaciones con representación sólo en las Corporaciones Locales.
Entre las subvenciones para funcionamiento ordinario recibidas por las formaciones políticas, figuran recursos no incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en la ley de 1987, correspondiendo 50,7 millones de euros a subvenciones otorgadas por las Corporaciones Locales a los grupos políticos constituidos en las mismas y 5,4 millones de euros a las concedidas por el Gobierno del País Vasco para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos con representación en su Parlamento.
LA MAYORÍA DE LAS DONACIONES, OPACAS
Asimismo, las donaciones privadas no finalistas recibidas por las formaciones políticas analizadas suman 10,6 millones de euros, de los que 10,2 millones corresponden a las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados. Se destaca que, del total de las aportaciones percibidas por las formaciones políticas, las anónimas han supuesto un importe de 9,1 millones de euros, para las que, dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona.
Eso sí, se ha comprobado que la cuantía total recibida por cada uno de los partidos no ha sobrepasado el límite del 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado para atender la subvención pública.
No obstante, se impuso una multa de 272.797 euros a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) por haber aceptado un donativo de 196.000 euros, una cifra que supone más del triple de los 60.000 euros que la antigua ley de Financiación de Partidos Políticos establece como límite para que una sola persona física o jurídica done a un partido político.
El Tribunal explica que entre las donaciones ingresadas por caja en la formación catalana socia de Convergencia i Unió, figura una por importe de 196.000 euros que "sobrepasa la cuantía de 60.101,21 euros" que fija la citada ley para las aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica.
Si bien Uniò Democrática indicó que ese ingreso corresponde a "cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales", el Tribunal de Cuentas no considera "suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja a efectos contables".
En consecuencia, el órgano fiscalizador estima que existe una infracción que, de conformidad con la Ley de Financiación de Partidos de 1987, está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada. Dado que la aportación supera en 136.000 euros los 60.000 que establece la ley, la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas a UDC asciende a un total de 271.797,58 euros.
Por otra parte, el órgano fiscalizador detalla en su informe que en 2006, Uniò ingresó en cuentas bancarias no específicas para donaciones un total de 260.000 euros, lo que contraviene el artículo 7 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente entonces.
OTRAS SANCIONES
Pero la formación nacionalista catalana no ha sido la única sancionada por temas relacionados con las donaciones. El Partido Comunista de España y Ciutadans-Partido para la Ciudadanía también fueron multadas, en este caso por no aportar el acuerdo de los órganos sociales que decidieron hacerles donativos.
En concreto, entre la aportaciones de personas jurídicas recibidas por el PCE figura una de 9.000 euros sin la correcta justificación, por lo que se sanciona a esta formación a abonar una multa de 18.000 euros, cifra correspondiente al doble de la aportación "ilegalmente aceptada". Por su parte, Ciutadans deberá pagar 767,60 euros por haber aceptado 383,80 euros y no haber aportado el acuerdo del órgano social que le donó ese dinero.
