MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tribunal que juzga los atentados del 11-M ha solicitado al Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, que le confirme la condición de europarlamentario del ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera. Se trata de un paso previo imprescindible para poder actuar contra él por el delito de desobediencia que podría haber cometido cuando se negó a facilitar la identidad de la supuesta fuente que le habría hablado de un informe que supuestamente relacionaba la masacre con ETA.
Fuentes jurídicas indicaron hoy que para realizar este trámite, el tribunal de la Audiencia Nacional ha enviado un fax al Parlamento Europeo informándole de su petición, que también ha realizado por la vía oficial a través del Ministerio de Justicia.
Una vez que el tribunal tenga constancia oficial de la condición de europarlamentario de Díaz de Mera, elevará una exposición razonada al Tribunal Supremo para que estudie el caso y determine si debe solicitar a la Cámara europea un suplicatorio para actuar contra el ex director general de la Policía por haberse negado a identificar a su fuente ante la Sala.
Díaz de Mera rectificó su actitud e identificó por carta a su supuesta fuente. El tribunal el viernes pasado acordó que el comisario Enrique García Castaño, que ya estaba citado como testigo en el juicio, declare sin ninguna medida de protección, al entender que su anonimato había "quedado roto" tras la difusión de su nombre en los medios de comunicación y por la carta que él mismo dirigió a sus superiores.
Los dos agentes citados por Díaz de Mera en la carta que remitió al tribunal como conocedores del supuesto informe, serán citados en función de la declaración de García Castaño. Se trata del ex comisario general de Información Telesforo Rubio y el policía a quien éste último encargó inicialmente el informe, con carnet profesional 18.684.
LA COLABORACIÓN DEBÍA PREVALECER
El eurodiputado popular justificaba su cambio de decisión sobre la revelación de la fuente en su convicción de que la "colaboración con la justicia" debía prevalecer a "cualquier otra circunstancia", y porque su lealtad no había sido correspondida por la persona que intentaba proteger.
Explicaba también que los detalles del supuesto informe le fueron facilitados por este agente sin que él solicitara ninguna información al respecto, en septiembre de 2006. Todo comenzó cuando el comisario Rubio encargó un informe sobre "las posibles conexiones entre islamistas y la organización terrorista ETA con referencia al 11-M".
Este informe fue encomendado, según Mera, "a un gran conocedor de la lucha antiterrorista", con número 18.684, y en él se relataban relaciones entre islamistas y ETA y apuntaba las vías de investigación que se debían seguir. Díaz de Mera agregaba que a Rubio "no le gustó" su contenido, por lo que prescindió de los servicios del 18.684 y "lo trasladó al País Vasco", donde había estado destinado en otra etapa de su vida profesional.
El informe de esta persona se trasladó --continuaba Díaz Mera-- a otro funcionario policial (el 13.610) que, según la fuente informante "lo manipuló" y "omitió las referencias a las conexiones con ETA". Finalmente este informe modificado pasó por otras dos manos, las de dos funcionarios, un hombre y una mujer, "que dieron la redacción final al documento".
Por su parte, el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, envió un escrito el pasado día 30 a la Dirección General de Policía, en el que daba cuenta de que Díaz de Mera le llamó dos veces después de comparecer ante el tribunal del 11-M, y en el que subrayaba que él, por su parte, nunca le había comentado al ex director general que la banda terrorista ETA tuviese relación alguna con los atentados del 11-M.
