BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de los tribunales autonómicos de cuentas han propuesto potenciar las auditorías urbanísticas para evitar escándalos "por comportamientos irregulares en algunos ayuntamientos" como los de Marbella (Málaga).
Esta medida figura en la denominada "Declaración de Pamplona", un documento consensuado ayer en la capital de Navarra en una reunión entre los representantes de los doce órganos regionales encargados de fiscalizar al sector público en sus respectivas CC.AA.
Según la declaración, el control urbanístico municipal requiere una "adecuada formación de los auditores públicos" por considerar que el riesgo de este tipo de auditorías "está principalmente en lo que queda fuera de la documentación y de las cuentas analizadas".
Los tribunales regionales de cuentas reclaman implantar una serie de auditorías que van más allá del tradicional control financiero y que versaría sobre asuntos como la eficacia de la gestión pública, el otorgamiento de subvenciones, la concesión de obras públicas, el control informático y las auditorías ambientales.
"Estamos convencidos de que la eficacia en la gestión pública es un reto fundamental para unas administraciones con recursos siempre limitados y en el futuro próximo dicho análisis debe ser un reto clave para los órganos de control externo", reza el documento.
CONTROL DE LAS SUBVENCIONES.
En materia de subvenciones, los tribunales regionales apuestan por una fiscalización que no solamente incluya la verificación de la tramitación administrativa, el reflejo presupuestario y la justificación de la actividad subvencionada, sino también "su impacto en la sociedad y en los objetivos para los que fue concedida".
Acerca de las obras públicas, "otra de las clásicas áreas de riesgo", los tribunales ven conveniente "acudir a colaboradores externos que apoyen el trabajo del auditor, aportando dictámenes técnicos sobre precios o calidad de materiales que permitirán un análisis mucho más completo".
Asimismo, las instituciones de control reclaman poder intervenir en la fiscalización de los sistemas informáticos de las administraciones públicas, así como la evaluación de las políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible.
Para ello, proponen la incorporación en los tribunales de profesionales que no sean estrictamente auditores financieros, como arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientales, urbanistas, entre otros.
