BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Conselh Generau d'Aran a indemnizar con 1.872,31 euros a una conductora que sufrió una colisión con un ciervo. La perjudicada sufrió el accidente al cruzarse el animal en su camino, invadiendo la calzada, en concreto la carretera C-28 en dirección Baqueira.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado el recurso presentado por la conductora y ha condenado a la Administración aranesa a hacerse cargo de los daños ocasionados en su vehículo como consecuencia de la irrupción del animal.
Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2001, poco antes de medianoche en la carretera comarcal C-28, en dirección a Baqueira. La perjudicada, Montserrat P.R., conducía su coche cuando de forma inesperada un ciervo se cruzó en la calzada, obligándole a realizar una brusca maniobra.
Como consecuencia del siniestro, en el que afortunadamente no hubo daños personales, el coche sufrió desperfectos por un importe de 1.872,31 euros. La conductora reclamó el reembolso de dicha cantidad al Conselh Generau d'Aran, que denegó su petición argumentando que no era competencia suya y que la administración responsable era la Generalitat de Cataluña.
Ante la negativa del Conselh, la conductora acudió a los tribunales que, casi cinco años más tarde, le han dado la razón. El TSJC discrepa de la Administración aranesa por entender que la responsabilidad es totalmente suya.
En este sentido, la sentencia del Alto Tribunal catalán recuerda que, en febrero de 2001, el Conselh firmó un convenio con la Sociedad de Caza y Pesca del Val d'Aran para la administración de los terrenos sometidos al régimen cinegético de caza controlada. En virtud de dicho acuerdo, se atribuía a los servicios de agricultura, ganadería y medio ambiente del Conselh la "obligación de vigilancia y control de la zona de caza controlada".
Atendiendo a este documento, según el TSJC, "se deduce con claridad la responsabilidad del Conselh", por cuanto el texto del convenio "especifica claramente la potestad que tiene para otorgar dicho convenio y las obligaciones que asume, entre ellas, la de vigilancia y control de dicha zona de caza".
Según el TSJC, la Administración aranesa, como responsable, debe hacerse cargo de los daños ocasionados, puesto que "se debe advertir a los usuarios de la existencia de animales en estado salvaje en las vías públicas, como es una carretera, y al mismo tiempo, adoptar las medidas que sean procedentes para evitar invasiones de la calzada que pueden dar lugar a accidentes como el que ocurrió a la perjudicada".
