BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PNV en el Congreso Emilio Olabarria dijo hoy que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir fase de instrucción contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por un presunto delito de desobediencia por su entrevista con dirigentes de Batasuna es una actuación de naturaleza "manifiestamente política" y denunció que la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV "está ejerciendo una verdadera función de contrapoder de las aspiraciones del Gobierno vasco"
En declaraciones a Europa Press, Olabarria aseguró que "no hay ningún tipo de supuesto penal que posibilite decir que se ha cometido un delito por la reunión del lehendakari con representantes de la izquierda abertzale, por lo que estamos ante una actuación de naturaleza manifiestamente política".
Asimismo, manifestó que la Sala de los Civil y Penal del TSJPV, "dada la composición mayoritariamente conservadora y reaccionaria de la mayoría de sus magistrados", está ejerciendo "una verdadera función de contrapoder a las aspiraciones del Gobierno vasco, porque es el único residuo de poder que conserva el PP y lo ejerce con eficiencia contra el Partido Socialista y quienes colaboran con él".
En ese sentido, consideró "preocupante" y motivo de denuncia que "haya tesis muy conocidas del Foro de Ermua y el PP que sean acogidas por la Administración de Justicia mediante un alineamiento ideológico, que contradice cuál debe ser el paradigma del ejercicio de la función jurisdiccional, que son la independencia y la neutralidad".
En su opinión, entre la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV se da la misma relación de "dialéctica perversa que la existente entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno español".
Olabarria afirmó que es "obvio" que parte del CGPJ "ejerce ciertas funciones en el ámbito del Estado español de contrapoder al Gobierno socialista y a la institucionalidad en general que gobierna el Estado español". Según denunció, el CGPJ "sistemáticamente se alinea con las tesis del PP" para "erosionar las posiciones y tesis que en materia jurisdiccional y en otras tiene el PSOE".
A su juicio, "no deja de ser una perversión que la Justicia ejerza una función de contrapoder contra el resto de las instituciones incluso contra el Ministerio Fiscal".
Para Olabarria, es necesario tener en consideración el "escoramiento político hacia posiciones conservadoras de la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV" porque, según apuntó, "algunas de las actuaciones tienen una fundamentación más política que jurídica".
"Se percibe con claridad la penetración en el seno de la Administración de Justicia de planteamientos bastante politizados a la hora de dictar resoluciones, que tienen un componente de politización que no se corresponde con la independencia que debe caracterizar al ejercicio de la acción jurisdiccional", criticó.
