25 de febrero de 2020
22 de enero de 2020

TSJPV tramita recursos del PP y Vox contra el decreto del Gobierno Vasco que permite la imposición del euskera

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha admitido a trámite sendos recursos presentados por el PP y Vox contra el nuevo decreto del Gobierno Vasco que regula el uso oral y escrito del euskera y el castellano en las entidades locales de Euskadi, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ambas formaciones han impugnado este decreto del Ejecutivo autonómico de noviembre de 2019, al considerar los populares que es "inconstitucional" y los de la formación de Santiago Abascal que es "racista".

El PP ha denunciado en las últimas semanas que esta norma, que permite que las corporaciones locales decidan cómo regulan el uso del euskera y el castellano en sus relaciones internas y públicas en función de la realidad sociolingüística de los municipios, "pisotea el derecho a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales" en Euskadi, algo que la administración tiene obligación de proteger.

El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, apuntó que el decreto atenta "contra las libertades de los ciudadanos" y recordó una sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán que destacaba que las administraciones "no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales".

Por su parte, Vox tiene como objetivo que el TSJPV eleve cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, al entender que esta norma supone "un auténtico atropello lingüístico" para los castellano hablantes, porque los consistorios vascos "se comunicarán con sus vecinos sólo en euskera".

La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha censurado al Ejecutivo Vasco que haga suyos los "postulados racistas" de EH Bildu, impulsando una medida que trata de dividir a la ciudadanía entre "vascos de primera y de segunda categoría" en función del idioma que empleen.

Tras la tramitación de los recursos, el TSJPV dará un plazo de 20 días a los recurrentes para que puedan formalizar las demandas contra el Gobierno Vasco. Posteriormente, el Ejecutivo tendrá otros tantos días para contestar.

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