BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cataluña, Ramon Cebrián, calificó hoy de "chantaje" el supuesto pago obligado de cuotas a ERC por parte de trabajadores de la Generalitat bajo amenaza de despido e instó a "los trabajadores amenazados" a denunciar los hechos al sindicato para que éste pueda tomar cartas en el asunto.
En declaraciones a Europa Press, Cebrián aseguró que, pese a no haber tenido hasta hoy ninguna "constancia real" de ello, sí era conocedor de "rumores" que apuntaban a que algunos trabajadores de la administración pública eran "amenazados" y "se les pedía dinero".
Asimismo, destacó el hecho de que el propio secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, "no desmiente que haya enviado estas cartas" a "personal administrativo" y técnico de la Generalitat "que no tienen ninguna relación" con el partido, "sino que lo ratifica", algo que consideró que "no se puede permitir".
Como hizo también CC.OO., Cebrián anunció que este mismo lunes solicitará la "convocatoria inmediata de la Mesa de la Función Pública" para exigir explicaciones al conseller de Gobernación y Administraciones, Joan Carretero (ERC), sobre estos supuestos cobros de cuotas.
El dirigente sindical consideró esta cuestión como "sumamente grave e importante" como para que "la administración deba dar las explicaciones pertinentes". Asimismo, avanzó que si estas explicaciones "no son satisfactorias", la UGT "exigirá responsabilidades" a los cargos "responsables de las amenazas" a trabajadores.
Cebrián denunció además ciertas "manifestaciones de la formación" republicana en las que se proponían modificaciones a la normativa de la función pública "para aumentar la dependencia" de los trabajadores de la administración respecto a los altos cargos, de forma que "se reduciría la independencia política" que ha de regir su trabajo.
En este sentido, señaló que el "libro blanco de la función pública" planteado por la conselleria de Carretero propone ciertas "medidas que reducen la independencia política de los trabajadores de la administración pública".
Cebrián aseguró que "los sindicatos" no están "nada de acuerdo" con este libro blanco porque pretende "modificar la administración pública en general" estableciendo "condiciones laborales más precarias" a los funcionarios, "privatizaciones de algunos sectores" y otras medidas que "disminuyen la independencia" de los empleados "respecto del que manda".
