MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, reiterará el próximo martes en la Comisión de Política Territorial la necesidad de disolver, en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, los ayuntamientos gobernados por la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE).
Díez volverá a plantear esta reivindicación en el Congreso a través de una proposición no de ley en la que recuerda que el Gobierno "tiene el derecho y el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas que el vigente ordenamiento jurídico pone a su disposición para combatir desde todas las perspectivas legales la lacra injustificable" del terrorismo. A su juicio, "la tibieza, el oportunismo político y las actuaciones de cara a la galería no son adecuados".
El artículo de la Ley de Bases de Régimen Local que invoca UPyD establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Éste se aplicó en su día para disolver el Ayuntamiento de Marbella.
NO HAY ARGUMENTOS
Y también señala la Ley que se consideraran dentro de este supuesto de "gestión gravemente dañosa" aquellos órganos de las corporaciones locales "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
Para Rosa Díez, que ha solicitado reiteradas veces el cese del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, por haber actuado "al servicio del Gobierno" cuando decidió impugnar sólo algunas de las candidaturas de ANV, "no ha ningún argumento" para que el Ejecutivo mantenga en los consistorios vascos y navarros a representantes de una organización ilegal que forma parte del entramado de ETA.
