MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a implantar en el plazo máximo de un año la Oficina sin papeles en las administraciones públicas.
El partido que lidera Rosa Díez justifica la presentación de esta iniciativa en la necesidad de dar respuesta a una sociedad que demanda una Administración cada vez más "eficiente, moderna y flexible" y en la que los recursos públicos se utilicen en un marco de "máxima eficiencia" y "menor coste posible", eso sí, "sin menoscabo de la calidad de los bienes y servicios públicos ofertados". Esto es, "hacer más con menos".
Y la implantación de la Oficina sin papeles sería, a su juicio, "un paso adelante" en este sentido porque no sólo se reducirían los costes de gestión de la información sino que, además, se disminuiría el tiempo dedicado a tareas "repetitivas" y de "poco valor añadido".
AHORRO DE 1,4 MILLONES DE HORAS PARA JUSTICIA
Como ejemplo, destaca que esta medida permitiría que el tiempo medio de acceso a la documentación en papel pasara de los cuatro minutos actuales a los 20 segundos y, en el caso concreto del Ministerio de Justicia --que maneja unos ocho millones de documentos que se consulta una media de tres veces por año--, supondría un ahorro de 1,4 millones de horas y la recuperación de una cuarta parte del espacio dedicado a su almacenamiento.
De ahí que la formación magenta emplace al Ejecutivo a impulsar la Oficina sin papeles, para cuya implantación, asegura, la Administración cuenta ya "con las herramientas necesarias". "No es tanto un problema tecnológico ni de esfuerzo presupuestario como de resistencia al cambio", apunta.
Su propuesta insta al Gobierno a poner en marcha en el plazo máximo de un año la Oficina sin papeles, la cual debe regularse mediante una ley común para todas las administraciones, que han de contar, según el partido magenta, con los factores organizativos que les permitan "satisfacer" el derecho de los ciudadanos "a una buena Administración".
La implantación de la Oficina sin papeles, según la proposición, será responsabilidad de cada una de las unidades administrativas, que deberán comprometerse a "no remitir" documentación en papel a ninguna otra unidad "salvo en los casos en los que resulte inevitable".
Se aplicará un enfoque "de abajo a arriba" en el flujo de la información, siendo "obligatorio" digitalizar la información por aquellas unidades que reciben cualquier tipo de documentación cuya tramitación implique su remisión a otros tramitadores, y se establecerán, además, medidas, en los planos retributivos y de promoción profesional, que incentiven la implantación de estas prácticas.
80 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO, UN ÉXITO
UPyD sugiere que un cumplimiento del 80 por ciento se considere una implementación "exitosa" de la Oficina sin papeles y, para lograr ese objetivo, los responsables de cada unida deberán conseguir un certificado que les acredite como tal publicando un catálogo --que se irá actualizando cada tres meses-- en el que se especificará de quién reciben la documentación, a quién la envían y el formato en el que se realiza el citado intercambio.
En base a esta información, dice el texto, se establecerán las medidas necesarias para eliminar el flujo de documentación en papel, solicitando, en caso necesario, la asistencia de las subdirecciones de sistemas de información o de métodos y procedimientos.
