La Comunidad de Madrid les ha explicado el acuerdo alcanzado con los ayuntamientos, que podrá llegar a la Asamblea en otoño
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los vecinos del Sector IV de la Cañada Real Galiana salieron hoy "bastante contentos" de la reunión mantenida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pues se trata de la primera administración que les escucha, y ahora, sin conseguir compromisos por parte del Gobierno regional, esperan ser atendidos por el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas Vaciamadrid para poder negociar la compra de los terrenos, pues esto será competencia municipal.
Así lo explicó a la salida de la reunión Lidia, la presidenta de la asociación de vecinos de este sector --la Cañada se divide por sectores--, quien indicó que "por fin, después de tantos años", la presidenta les ha recibido a diferencia de los alcaldes de Madrid y Rivas, que "a día de hoy", según los vecinos, "no atienden a sus peticiones de reunirse con ellos".
"Estamos abiertos, esperando a que se nos llame", apuntó Lidia, quien subrayó que van a seguir luchando por lo que creen, que es que se reconozcan sus derechos que han conseguido después de años viviendo en estos terrenos. En este sentido, indicó que si bien hay gente que sólo lleva un año, otros llevan 30 ó 40 viviendo allí y por lo tanto, han estado durante este tiempo "pagando una contribución urbana, por suelo y por construcción".
Lidia indicó que lo que la presidenta madrileña les ha dicho es que el Gobierno desafectará el suelo, y por lo tanto, pasará de ser de dominio público a patrimonio de la Comunidad, y que después serán los ayuntamientos los qué decidan qué hacer con estos terrenos. Es decir, que ahora los vecinos con quienes tienen que hablar para explicar que lo que quieren es comprar dichos terrenos, es con los ayuntamientos afectados.
No obstante, destacó que la reunión de hoy es el "principio del buen entendimiento" y que de momento, consideran que con la Comunidad se van a entender. Ahora, están a la espera de ser recibidos por Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid) y José Masa (Rivas Vaciamadrid) y avisan: si no son escuchados, seguirán con las reivindicaciones a las puertas de los consistorios.
EXPLICACIÓN DE LA LEY
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, que estuvo presente en la misma reunión, explicó a los medios de comunicación que el encuentro ha servido para poner encima de la mesa las reivindicaciones de este sector, donde hay unas 500 casas y más de 2.000 vecinos, y desglosar el principio de acuerdo alcanzado con las administraciones públicas afectadas (ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, Delegación de Gobierno y Ejecutivo autonómico).
Así, les han informado de que mañana la consejera llevará el Anteproyecto de Ley al Consejo de Gobierno, con las alegaciones del resto de consejerías para mandarlo al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, ya en el curso de sesiones parlamentarias, en otoño, se elevará el texto a la Asamblea de Madrid para su posterior aprobación.
"Les hemos escuchado, qué problemas tienen, cuáles son sus intereses, y cuando empecemos a negociar los asuntos sociales, veremos qué les pasa porque ellos representan sólo una parte", indicó la consejera, quien reiteró que el procedimiento al que se ha llegado tras el acuerdo es "muy claro": desafectación, proceso de negociación para ver qué ocurre con toda la carga social, toda su carga, la ordenación posible de ese territorio y después las enajenaciones de esos suelos si son preceptivas.
El 60 por ciento ya está desafectada, sobre estos ya hay edificaciones y son los ayuntamientos los que decidirán porque son los competentes
Preguntada por si el hecho de que los ayuntamientos sean los que tengan que decidir sobre la compra o no de estos suelos no es "pasar la pelota" al tejado de éstos, la consejera negó que así fuera porque es una decisión que se ha tomado con ellos y que han aceptado. "La disciplina urbanística es competencia municipal", subrayó, al tiempo que indicó que en la Cañada hay muchos asentamientos ilegales y que son los ayuntamientos los que tienen que decidir.
En cuanto a los problemas sociales y de seguridad ciudadana, Mariño recordó que es el Gobierno central y la Delegación de Gobierno quien se tiene que poner a trabajar para tomar medidas "porque todo le mundo conoce, y es absurdo e hipócrita no reconocerlo, que hay desde tráfico de armas y de droga hasta un montón de personas que han salido de desalojos de chabolas".
Mariño explicó que la Cañada está llena de personas que en su día fueron desalojadas de asentamientos ilegales y que no pudieron ser realojadas a través de la Comunidad de Madrid porque no cumplían los requisitos, entre otras cosas, por ser ilegales. Todo el proceso será, según la consejera, tan "largo" que tendrá que irse viendo cómo salen las cosas y las posibilidades de cada parte, incluida la compra de los terrenos.
"Es un proceso largo, queremos escuchar a todas las partes, y a los ayuntamientos, y a partir de ahí crearemos la comisión", añadió la consejera, que detalló que en este órgano estarán todas las partes representadas para evaluar el futuro desarrollo de los aspectos sociales y urbanísticos de la zona.
También recordó que los ayuntamientos tendrán seis meses para elaborar los censos y cuantificar cuántas personas viven en la zona para valorar "la intensidad del problema" y que se les permitirá (a los consistorios) que, en lugar de proceder a la revisión de sus planes generales, puedan hacer modificaciones puntuales "que son más rápidas" y la Comunidad puede tutelar.
