MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó esta tarde que la posibilidad de disolver ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE) plantea dificultades legales pero garantizó que el Ejecutivo está comprometido a defender los derechos de las personas frente a los violentos y que actuará en todos los ámbitos que la ley le permita.
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, aprovechó la comparecencia de la vicepresidenta ante la Comisión Constitucional del Congreso para plantear la conveniencia de estudiar acciones contra los ayuntamientos gobernados por ANV.
A su juicio, la presencia de los terroristas en los ayuntamientos "es una indignidad que pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos", por lo que, en aras de la defensa de la libertad y de los derechos humanos, pidió saber si el Ejecutivo piensa hacer "todo lo posible" para expulsarles de los municipios.
UPyD ya tiene registrada una iniciativa parlamentaria instando al gobierno a plantearse las medidas extremas contempladas en la Ley de haciendas Locales, que entre otras cosas permiten la posibilidad de disolver ayuntamientos en determinadas situaciones. Así se aplicó en el caso de Marbella.
En su respuesta, De la Vega indicó que el Gobierno ha venido trabajando para aislar a los violentos y para proteger el derecho de las personas frente a ellos. "Tenga absoluta tranquilidad y seguridad que el gobierno utilizará todos los instrumentos que otorga la ley para defender la libertad y promover cuantas actuaciones sean precisas", enfatizó.
Eso sí, recordó que la opción de disolver ayuntamientos es un tema "delicado" que puede plantear dificultades legales y recordó que una iniciativa ya se planteó la pasada legislatura, defendida entonces por el PP, y el Congreso la rechazó. "Tenga la absoluta seguridad de que actuaremos en todos los ámbitos que la ley nos permita", zanjó.
