MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará hoy, jueves, a los dos ex fiscales salvadoreños que renunciaron a ejercer la acusación en la causa que se instruyó en el país centroamericano por la muerte del jesuita español Ignacio Ellacuría tras denunciar que habían sido sometidos a presiones, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga desde enero pasado a 14 militares de El Salvador por el asesinato de Ellacuría y otras siete personas, tomará declaración a Henry Campos, que actualmente ocupa el cargo de viceministro de Justicia, y al magistrado de la Corte Suprema Sidney Blanco.
Esta nueva diligencia se producirá después de que el pasado martes la profesora de la Universidad de Stanford (EE.UU.) y experta en asuntos suramericanos Terry Karl entregara al juez documentos desclasificados de varias agencias de inteligencia, entre ellas la CIA, que demostrarían la coordinación existente en el alto mando del Ejército salvadoreño para llevar a cabo los asesinatos.
Karl declaró como experta durante más de dos horas ante el juez Velasco, que admitió a trámite investiga la querella interpuesta en nombre de la hermana de una de las víctimas. Según los abogados de la acusación, el testimonio de la experta vendría a avalar que los asesinatos se comenzaron a gestar tres días antes de ser cometidos, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
JUEZ INTERESADO.
A su salida del juzgado, la experta manifestó que consideraba un "honor" el haber tenido la oportunidad de dar testimonio "frente a un juez que está prestando tanta atención a este crimen contra la humanidad".
Añadió que los documentos que ella ha aportado a la causa (más de 12.000) son públicos, pero que además de este material había podido dar testimonio de más de veinte años de investigaciones en El Salvador durante los cuales ha realizado innumerables entrevistas con el fin de esclarecer lo ocurrido. "Hay que investigar a fondo si se quiere romper la impunidad", dijo Karl.
Fuentes presentes en la declaración señalaron que los documentos aportados vienen a corroborar los hechos que se detallan en la querella presentada contra los 14 ex militares, además de demostrar que el juicio seguido en el país suramericano por lo ocurrido no fue más que una "farsa" y que adoleció de todo tipo de garantías.
Muchos de los documentos aludidos fueron desclasificados en 2001, según las mismas fuentes, si bien no pudieron ser ubicados hasta hace unas pocas semanas y eran desconocidos, incluso, para la Comisión de la Verdad que se desarrollo en El Salvador. "Vienen a corroborar que el alto mando actuó conjuntamente, teniendo conocimento del hecho que luego se produjo", según los abogados de la acusación.
Karl ha elaborado un informe, junto a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington Kate Doyle, que declarará próximamente ante Velasco, sobre una serie de documentos oficiales estadounidenses que demostrarían que el Departamento de Estado norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los servicios de inteligencia españoles tenían información de que el Ejército salvadoreño preparaba atentar contra el padre Ellacuría.
En el marco de esta investigación, Velasco ya ha enviado a El Salvador una citación para que los 14 militares que presuntamente acabaron con la vida del padre Ellacuría y los otros cinco sacerdotes jesuitas declaren en la Audiencia Nacional el próximo mes de febrero.
COLABORACIÓN.
Según informaron fuentes jurídicas, Velasco tiene localizados a 12 de los 14 militares imputados. El juez espera que se desplacen a Madrid a declarar, aunque tampoco tendría problema en que lo hicieran por videoconferencia. De momento, y según las acusaciones, la Justicia salvadoreña ha manifestado su intención de colaborar con la investigación española.
La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.
En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.
La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.
