MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario socialdemócrata letón Boris Cilevics inicia este lunes una visita a España --Madrid y Barcelona-- para preparar un informe sobre si los políticos juzgados por el proceso independentista catalán lo han sido por emitir opiniones en el marco de su libertad de expresión.
El informe será remitido a la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que fue el órgano que el pasado mes de octubre autorizó esta misión sobre el terreno. El Consejo de Europa es una organización de derechos humanos de la que forman parte 47 países y que no tiene relación con la UE.
El documento que elabore el diputado no se someterá a votación, como tampoco se ha votado su memorando preliminar, que solo le vincula a él, ni tampoco se podrán presentar enmiendas. No obstante, a raíz del informe se elaborará una resolución o recomendación sobre la que sí se podrán presentar enmiendas y se someterá a votación de la Comisión y del pleno de la Asamblea.
Cilevics se reunirá este martes en el Senado con los diputados y senadores que conforman la delegación española en esta Asamblea Parlamentaria y visitará también al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
El motivo oficial del informe es "examinar desde una perspectiva legal y de derechos humanos, la situación de políticos encarcelados por ejercer su libertad de expresión" en España y en Turquía.
El ponente afirma que el informe es "muy difícil" porque los políticos objeto de su misión "no están juzgados al menos oficialmente por lo que dijeron sino por lo que supuestamente hicieron". Con todo, en el caso de Turquía le parece "más explícito" que se trató de delitos de opinión.
Eso sí, en su documento preliminar el ponente reconoce que solo viajará a España, no a Turquía, porque este país está sometido a una vigilancia del propio Consejo de Europa.
En el caso de España, reconoce que "la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución judicial en España", que muchos políticos incluso "ondean banderas independentistas en edificios públicos sin ser perseguidos" y que "España es una democracia viva con una cultura de debate público y abierto".
Sin embargo, el ponente cuestiona los delitos por los que se ha juzgado a los impulsores del 'procés', afirmando que "rebelión, sedición y actividad criminal organizada son considerados desproporcionados por muchos comentaristas".
Además, subraya que la organización de referendos ilegales quedó despenalizada en 2005 y que la participación o la organización de manifestaciones pacíficas es un derecho fundamental, así que se pregunta si eso puede constituir un delito.
También admite la "impresionante" transparencia del juicio pero recoge críticas sobre algunos asuntos como el tiempo para la preparación de la defensa.
