Los acusados reconocen los hechos salvo el guardia civil, para quien el fiscal mantiene la petición 11 años de cárcel y rebaja el resto
PONTEVEDRA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra ocho personas, incluidos un militar, un guardia civil y funcionario, acusados de un delito contra la salud pública por traficar con cocaína y hachís.
Según el escrito fiscal, en abril de 2007, el vecino de Ribadumia, Daniel M.C., funcionario de la Diputación de Pontevedra, junto con el cabo de la Armada, Javier G.B., vecino de Vilanova, acordaron con el agente de la Benemérita, Javier F.V., asturiano y destinado en el País Vasco, la venta al último de cinco kilos de cocaína.
En la denominada 'Operación Casona', la Policía Nacional detuvo a cinco personas más, que hoy también se sentaron en el banquillo de los acusados en la Audiencia pontevedresa, y todos salvo uno, reconocieron su actividad delictiva.
El único procesado que defendió su inocencia fue el entonces agente de la Guardia Civil, quien supuestamente habría comprado la droga, pero no obstante, en el juicio incluso negó tener relación alguna con los hechos que se le imputan.
ALEGATO
El agente del instituto armado dijo que aquel día fue a verse con una chica que conoció a través de Internet y de paso hizo un encargo a un amigo, pero no sabía que ese encargo le pusiera en contacto con narcotraficantes. Entre ellos estaría el funcionarios de la Diputación, a quien el presidente de esta institución, Rafael Louzán, suspendió de empleo y sueldo tras su detención.
Por su parte, el militar y el funcionario juzgados reconocieron en el delito del cual se les acusa. Por consiguiente, el fiscal ha mantenido la petición de una pena de once años para el guardia civil; mientras que la ha rebajado a nueve años para el militar y el funcionario; y ha dejado en tres años la pena de prisión para los cinco procesados restantes.
