SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Conchita Martín, viuda del primer asesinado tras la primera tregua de ETA, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco, manifestó hoy que su esposo es "la prueba de que no se puede negociar con ETA", si bien dijo que el proceso abierto por el Gobierno "no es reprobable, aunque si muy difícil" y pidió que "no se rebaje" ante los terroristas.
Martín, cuyo marido fue asesinado el 21 de enero de 2000 por la banda terrorista tras la tregua de 1998, instó al Gobierno a que "no se rebaje" ante ETA y al Fiscal General del Estado a que "no manipule", porque "lo único que pueden esperar las víctimas del terrorismo, quienes han sufrido la pérdida de sus familiares, es la Justicia".
Según Martín, que pronunció hoy en San Esteban del Valle (Ávila) la conferencia 'La negociación con Eta: la perspectiva de las víctimas', "no podemos ser blandos" ante los terroristas "ni consentir que ellos pongan el precio", y dijo que estas reivindicaciones "no son políticas, sino sociales".
Organizada por Nuevas Generaciones del Partido Popular de Ávila en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Foro de Ermua, Conchita Martín relató contó su historia personal como ejemplo de lo que ha ocurrido a cientos de afectados directamente por el terrorismo "por los que hace unos años la gente no se interesaba y eramos ignorados".
Así, explicó a los asistentes, como quienes se sienten amenazados "tienen que mirar debajo de su coche con una linterna, cambiar de ruta a diario" y como -explicó- "mis hijos no vieron a su padre nunca vestido de uniforme".
"Cuando se produce el hecho atroz -rememoró- cambia la vida a la fuerza, pero igual que hay personas que salen adelante, hay quienes son incapaces de aguantar y quienes quedan tullidos y con serios problemas psicológicos, y que cada vez que sucede un atentado recuerdan lo que les pasó a ellos".
Según Martín, el cambio de postura hacia las víctimas del terrorismo, cuando han empezado a ser escuchadas "fue en el momento en el que la sociedad se sintió amenazada, cuando el terrorismo no sólo afectaba a la Guardia Civil y a los militares, o a gente pública como fiscales o periodistas".
Según dijo, a raíz de masacres que mataron "indiscriminadamente", como en Hipercor, y después con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999) y el Pacto Antiterrorista (2000), la sociedad "reconoció a las víctimas, que antes no tenían un reconocimiento ni una consideración".
