MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, abogó hoy por modificar la Ley Electoral para acabar con la "España provisional" a la que, a su juicio, aboca el actual sistema al permitir que los partidos nacionalistas condicionen las políticas que afectan al conjunto de los españoles, pero advirtió de que ésta "en ningún caso puede ser una reforma sectaria" y abogó por el consenso de los dos grandes partidos de ámbito nacional en torno a esta reforma.
"Partidos que exclusivamente defienden intereses territoriales no pueden condicionar permanentemente las decisiones que afectan al conjunto de los españoles", dijo Zaplana. "Nunca como ahora las concesiones a los nacionalistas habían desbordado tan flagrantemente el mandato de los ciudadanos", agregó, durante una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, bajo el título 'España 2006: Nuevos retos, nuevas soluciones.
Como uno de esos retos, planteó la necesidad de "alcanzar una configuración definitiva del Estado" y de crear "una estructura competencial y una financiación que no estén al albur de coyunturas políticas y que garanticen la existencia de un Estado viable y útil".
Así, abogó por la apertura de un debate con el objetivo de que "todos los españoles" decidan qué competencias quieren compartir "y cuáles se dejan a la gestión autonómica o local".
PUNTILLA AL ESTADO COMO GARANTE DE IGUALDAD
En esta línea, aseguró que de confirmarse el visto bueno del Gobierno al blindaje de competencias propuesto por el 'cuatripartito' catalán, "se habrá dado la puntilla a cualquier posibilidad de que el Estado pueda ejercer su función como granate de la igualdad entre españoles".
Zaplana ofreció en su conferencia un análisis de la situación política y aseguró que "la sociedad española ha sido conducida en estos últimos meses hacia un punto de no retorno" que enfrenta a los españoles "a un escenario político, social y económico impredecible".
"Lo más grave es que se les empuja sin consultarles si quieren emprenderlo o no", añadió.
El portavoz del Grupo Popular definió estos veinte meses de legislatura como "un tiempo perdido para España y para los españoles", por la ausencia de políticas concretas que garanticen progreso y bienestar, y "un tiempo ganado, por contra, para quienes cuestionan la continuidad de la nación española como proyecto equilibrado y de solidaridad". Asimismo, aseguró que "Zapatero encabeza el Gobierno que más ha separado y confrontado a los españoles" en toda la democracia.
A su juicio, la actual situación se explica por una doble actitud de Zapatero, que "confunde los retos de la nación con los problemas derivados de su propia fragilidad política" y que "está imprimiendo a la acción de Gobierno un impulso radical que se traduce en un intento de control absoluto de los resortes del Estado y de la sociedad".
"Hemos llegado al esperpento de que el Gobierno tiene la agenda tan cargada que no tiene tiempo para los españoles", subrayó.
En este punto, enfatizó que "la esencia política de Zapatero es la ruptura con nuestra Transición", porque, según comentó, "ha pasado de proponer pactos de Estado en la oposición a alentar pactos contra el Estado constitucional". Además, acusó al jefe del Ejecutivo de guiarse por el deseo de "buscar legitimación en un pasado remoto muy anterior al Pacto Constitucional" y de reabrir "heridas" y debates "que recuerdan demasiado a los años más negros" de la Historia de España, como la revisión de la relación entre la Iglesia y el Estado o las "intolerables" declaraciones del ya cesado teniente general José Mena Aguado.
ESTADO DE ARBITRARIEDAD
Según Zaplana, Zapatero ha roto también "con el pasado más próximo". En este punto, se refirió al congreso de Batasuna y denunció que el presidente "está provocando la rendición tácita del Estado de derecho". Definió como "el travestismo político" la actitud de Zapatero, al que acusó de convertir "un Estado de derecho en un Estado de arbitrariedad", al derribar la separación de poderes y hacer del cumplimiento de la Ley "un instrumento de la conveniencia política".
Asimismo le hizo responsable de una reforma del Estatuto de Cataluña que supone "un atentado contra la libertad". "No estamos dispuestos a que se cambie la Carta Magna por una pseudo-constitución, que, bajo los efluvios del incienso nacionalista, esquilme los derechos y libertades de los ciudadanos", resaltó Zaplana, para quien la Constitución "tiene que depararnos aún los mejores resultados".
"En la Constitución estamos juntos todos los españoles, sin distinción. Están los derechos y libertades de todos, sin excepción.
Están la solidaridad y la cohesión territorial, sin exclusión", señaló el portavoz popular, que destacó que es "el texto que ha logrado reunir a más españoles a su alrededor en toda la Historia de España". "Si se pretende modificar el acuerdo constitucional, se ha de explicar muy claramente por qué y para qué. Y se ha de consultar a todos los afectados, esto es, a todos los españoles".
VOLVER A GOBERNAR DESDE EL CENTRO
Ante esta situación, el dirigente 'popular' destacó la necesidad de que España vuelva a estar gobernada "desde el centro político", a través del proyecto del Partido Popular y auguró que el PP ganará las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Tras asegurar que "nada" de lo que se sabe de los atentados del 11-M se ha conocido por la labor del Gobierno dijo estar "convencido de que ha empezado la cuenta atrás del tiempo político iniciado el 11-M".
Así, subrayó que a día de hoy su partido no sólo no ha perdido ni un solo voto, sino que ha ganado "muchos" y explicó que se está formando "una nueva mayoría" que dará su confianza al PP en 2007 a través de "los votos de quienes creen que la Historia de España no tiene por qué acabar mal". Según su análisis, ante un Gobierno "que sólo se dedica a gestionar su mediocridad política", se sitúa el proyecto de Mariano Rajoy. "Tenemos la obligación de ganar para que los españoles no sigan perdiendo", dijo.
Para Zaplana la próxima legislatura será "determinante" y en ella tendrán que redefinirse las prioridades políticas, sociales y económicas "no en virtud de los intereses partidistas o de una minoría, sino en función del interés de todos los ciudadanos".
Además, en su opinión, "tendrán que replantearse las condiciones políticas y electorales que hagan imposible que el Gobierno de la nación delegue su capacidad ejecutiva en quienes le brindan apoyo parlamentario".
Además de las propuestas sobre reforma de la ley electoral y la configuración definitiva del Estado, destacó la necesidad de recuperar el pleno empleo "como objetivo nacional", así como afrontar sin demagogias retos como la educación de calidad o la dependencia.
En cuanto a la libre competencia en los mercados, y en clara referencia a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, se declaró partidario de "imponer límites a las cuotas de mercado en ciertos sectores particularmente sensibles para el consumidor".
También hizo mención a la tarea de reparar "los graves daños causados a las instituciones democráticas" por el Gobierno de Zapatero. En relación con la política exterior, consideró imprescindible "recuperar la confianza de la comunidad internacional puesta en entredicho", a su juicio, por las "amistades radicales" de España, así como reorientar la acción exterior "hacia la Alianza de las Democracias", que comparten "valores, derechos y libertades" con nuestro país.
