PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han suscrito oficialmente este jueves la prórroga del convenio de colaboración que, desde 2016, mantienen junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La firma protocolaria del documento se ha celebrado en el Parlamento de Navarra, y en ella han rubricado el convenio el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y el presidente de la FNMC, Pablo Azcona.
Este convenio está planteado para la colaboración de Gobierno de Navarra, FNMC y CGPJ para la protección de la ciudadanía ante los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria. Fue formalizado por primera vez el 22 de septiembre de 2016, por lo que la actual prórroga es la tercera que suscriben las partes implicadas. En este caso, sin embargo, el convenio no se prorroga por el plazo de un año, como había ocurrido anteriormente, sino hasta el 22 de septiembre de 2023, ha informado el Gobierno foral.
UN CONVENIO PARA "LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS"
El convenio trata sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar, así como medidas de carácter social. El texto, tal como ya hacía en 2016, establece que el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada.
A partir de entonces, el Ejecutivo y las entidades locales adheridas al convenio activarán sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda (con entidades financieras, en caso de vivienda en propiedad, o con el arrendador, en caso de vivienda en alquiler), y acceso a arrendamientos en viviendas del fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas, ha añadido el Gobierno.
Pero, además, esta tercera adenda y prórroga supone la modificación de lo relativo a la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria. Y es que, desde la firma del primer convenio, han entrado en vigor tanto un reglamento europeo como la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, que regulan el tratamiento y protección de datos personales.
Con este convenio, el Gobierno de Navarra y las entidades locales adheridas renuevan su compromiso con las personas que quedan en riesgo de exclusión social tras sufrir el desahucio de su vivienda familiar. Se busca ofrecerles medidas de protección ante una pérdida de la vivienda que se considera consecuencia de un modelo económico y unas políticas económicas antisociales, ha añadido.
Aquellas entidades locales interesadas en la adhesión al convenio deberán remitir copia de los acuerdos que adopten en tal sentido a la FNMC, quien a su vez remitirá al Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra.
