MADRID, 10 May. (OTR/PRESS) -
Son doscientos huérfanos en menos de cinco años, 500 desde 2004. Algunos, muy pequeños han sido testigos del asesinato de su madre por su padre a la puerta de su casa. Alguno, incluso, ha presenciado, luego, el suicidio de su padre. O saben que está en la cárcel. O se enteran de que quiere régimen de visitas y ellos no quieren volver a verlo. Otros 21 menores han sido asesinados junto con sus madres o para hacerles daño a ellas. La pensión media que cobra un huérfano de violencia de género es de 150 euros y tarda en llegar a veces hasta un año. La ayuda sicológica, imprescindible para quienes han sufrido un daño que ni siquiera son capaces de asimilar a veces tarda también un año en llegar y a veces se suspende un año después del sucesos, como si un niño pudiera solucionar ese trauma en unos meses... No existen líneas de atención y apoyo a los huérfanos de la violencia de género.
Si son adoptados pierden la pensión y la condición de víctimas y quienes les adoptan ni reciben ayudas económicas ni facilidades fiscales. Las familias que los acogen -generalmente abuelos o tíos- tienen problemas para aplicarse en el IRPF las deducciones por el cuidado de menores a su cargo... En muchos casos tienen que trasladarse a vivir a otros sitios porque no es nada agradable llegar a la escuela y que te señalen porque eres "el hijo de" un asesino o porque alguien se entretenga en contar cómo mataron a tu madre. Y hasta alguna vez les exigen pagar las deudas del asesino. Ese dolor doble de perder a la madre y de tener a tu padre en la cárcel, de perderle también para siempre, lo pagan inexorablemente los niños, las víctimas ignoradas de la violencia machista, algunos bebés todavía.
Los políticos que acudieron el día del asesinato, los que hicieron declaraciones enardecidas ante la televisión, los que piden mano dura para los asesinos, los que se concentran el mismo día del crimen delante de los ayuntamientos o de los parlamentos, desaparecen al día siguiente y no quieren saber nada del problema. En el Congreso de los Diputados aguarda una proposición de ley, que cuenta con el consenso de todos los partidos, pero que nadie empuja, para acabar con algunas de estas cosas que deberían indignarnos a todos los ciudadanos, pero que tampoco mueve nuestras conciencias ni nuestra vergüenza. El Pacto de estado por la violencia de género también debería acabar con esto.
El Fondo De Becas Soledad Cazorla, creado para no olvidar a la fiscal que estuvo al frente de la Fiscalía especializa en esta materia, trata de ayudar a estas víctimas con becas que permiten acceder a estudios universitarios a algunos de ellos o facilitarles refuerzos educativos o psicológicos. Pero los recursos son pocos y no deberían ser ellos los que los pusieran. Esas víctimas, esos huérfanos de la violencia machista son de todos, de toda la sociedad. Es indigno que, además del drama personal, tenga que vivir esta indignidad. Es un desamparo intolerable.
