MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, de un estudio de mercado sobre las empresas comercializadoras de aceite de girasol, tras la crisis alimentaria decretada a finales del pasado mes de abril al detectarse en el mercado la presencia de una partida contaminada de este producto procedente de Ucrania.
El estudio, que también afectará a aquellos productos elaborados principalmente con aceite de girasol, cuenta con una partida presupuestaria de 23.316 euros.
Este anuncio se produce un mes y medio después de que Sanidad diera por concluida la alerta alimentaria provocada a finales de abril, al detectarse en el mercado una partida de aceite de girasol contaminada por hidrocarburos procedente de Ucrania.
La actuación del ministerio en la gestión de la crisis contó con el apoyo de la Unión Europea pero provocó reticencias entre la oposición y las asociaciones de consumidores, que reclamaban más información sobre las marcas y partidas contaminadas.
En este sentido, la semana pasada, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro Bernat Soria señaló que "cada parte" implicada en la gestión de la crisis "asume sus responsabilidades". Así, Soria aseguró que su ministerio "llegará hasta el final" para que los consumidores "puedan estar seguros" y adelantó que las comunidades autónomas se encargarán de las sanciones a las empresas implicadas.
Además, el ministro afirmó que "deberán depurarse responsabilidades" para esclarecer la entrada en el mercado de este producto, así como la utilización de ingredientes transformados procedente de las partidas contaminadas y la no comunicación del problema a las autoridades españolas "en tiempo y forma". "El que incumple, lo paga" avanzó Soria.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, periodo fijado por la Comisión Europea para decretar la alerta, entraron en España 39.305 toneladas de aceite de girasol importado de Ucrania, de las que 24.756 estaban contaminadas y 5.850 toneladas están siendo analizadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
