Facua hablita una web para que los usuarios denuncien a las emisoras de taxis que tienen 'listas negras' de sus clientes

Actualizado: jueves, 26 febrero 2009 12:36

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha creado una página web (www.facua.org/listanegrataxi.pdf) para que los usuarios denuncien a aquellas emisoras de taxis que tienen 'listas negras' de clientes a los que niegan el servicio con el argumento de que en alguna ocasión solicitaron un taxi y no esperaron hasta que llegase.

Los usuarios que accedan a la página web deberán rellenar un formulario introduciendo su nombre, DNI, dirección y los datos de la emisora de taxis que les denegó el servicio, para enviarlo a la sede central de FACUA, en Sevilla, en calle Bécquer, 25A, código postal 41002. La asociación de consumidores trasladará todas las denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Recientemente, Facua sacó a la luz irregularidades en la forma de actuar de emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla, lo que ha motivado la apertura de un expediente de oficio por la Agencia Andaluza de la Competencia.

A petición de Facua, el gabinete jurídico de la AEPD elaboró el pasado julio un informe sobre el asunto, en el que señala que al contactar con una emisora de taxis, "el interesado deberá ser informado acerca del tratamiento" de sus datos personales, aunque sólo se trate del "número telefónico del solicitante y de su dirección". Esta información previa a la recogida de los datos debe facilitarse "de modo expreso, preciso e inequívoco".

Así, el usuario deberá ser informado, entre otras cosas, "de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información" y "de las consecuencias de la obtención de los datos", así como "de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición".

Además, dicho tratamiento deberá respetar el principio de conservación, previsto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que "los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados", por lo que no es posible su conservación y "aún en menor medida su inclusión en una 'lista negra'".

Así, la Agencia advierte que sólo podrán conservarse los datos si "el interesado accediese", y únicamente sería legal utilizar esa información para negar el servicio en el futuro si el usuario es informado por la emisora de taxis que "las condiciones para la prestación del servicio exigen que el interesado en caso de rechazar aquél informe a la compañía de esta circunstancia, quedando informado expresamente de que en caso de no cumplirse esas condiciones será posible la denegación del servicio en posteriores ocasiones".

PIDEN UNA REGULACIÓN DEL SECTOR

Asimismo, Facua advierte de que, independientemente de los elementos en materia de protección de datos que deben cumplir las emisoras de taxis, resulta fundamental que las autoridades competentes en materia de Consumo o Transportes regulen sus condiciones contractuales y parámetros calidad, ya que se trata de un servicio público.

En este sentido, la asociación considera necesario regular que en el momento de solicitar un taxi, las emisoras deban informar al usuario del tiempo máximo que consideran que tardará en llegar para que éste decida si quiere o no el servicio, además de identificarle al taxi que lo recogerá. Si posteriormente, por la situación del tráfico, el vehículo va a retrasarse, la emisora tendría que contactar con el cliente para advertirle del imprevisto y conocer si continúa deseando el taxi.

Facua considera que la pretendida imposición del cobro del servicio o una penalización a los usuarios que deciden dejar de esperar supone una cláusula abusiva que implica una situación de claro desequilibrio entre las partes, según el artículo 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).