SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción tacha de "tomadura de pelo" el contrato ofrecido por Banca Cívica a los afectados por el "fraude" de las participaciones preferentes para canjearlas por otros productos complejos como obligaciones convertibles en acciones en 2014.
En una nota, la asociación de consumidores rechaza las "presiones" a las que está sometiendo la entidad a los clientes "asegurándoles que la mayor parte de los afectados ya ha canjeado sus preferentes para que acepten así el cambio por otros productos complejos".
Facua denuncia además que "en muchos casos las sucursales se niegan a proporcionarle a los afectados de forma previa el contrato de canje, que entre otras cosas, incluye una advertencia expresa de no conveniencia del producto y otra por la que el cliente asume todo el riesgo de la operación".
ENTIDADES QUE SE SUMAN A LOS DEPÓSITOS
Facua ha recordado que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha expresado su voluntad de que las preferentes se canjeen por productos "más sencillos y líquidos" como el canje por depósitos a un valor nominal del 100 por cien.
Se trata de una opción que ya ha sido anunciada por bancos como Liberbank y Caja España-Duero, y ejecutada por otros como CajaSur o Banco Mare Nostrum.
Ahora, la recién intervenida Bankia también baraja esta propuesta para los perjudicados por este fraude, aunque desde la entidad todavía no se descartan otras alternativas. La decisión final sobre el canje tiene que tomarse desde Bruselas.
Por ello, Facua reclama a Banca Cívica que "cese en sus tácticas de presión y mejore las condiciones a unos clientes ya maltratados por la venta de participaciones preferentes".
Por otro lado, Facua mostró el pasado febrero su apoyo a la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo Izquierda Plural, formado por IU, ICV-EUiA y CHA, contra el engaño masivo de las participaciones preferentes. Sin embargo, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha rechazado este martes la propuesta.
La iniciativa proponía que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) coordinasen una "revisión exhaustiva de todos los test de conveniencia" para que los contratos suscritos quedaran"sin efectos legales" en caso de que los usuarios no reuniesen el perfil adecuado.
