MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la obligatoriedad de cotización de todas las prácticas externas de los estudiantes, medida aprobada por el Gobierno a finales del año pasado, puede "repercutir en el precio de las tasas y en la gestión de los centros docentes que acogen a estos alumnos universitarios" y también acabar "disuadiendo" a las empresas que realizan este tipo de contratos.
CSIF recuerda en un comunicado que estas prácticas son "obligatorias para la obtención del título de Formación Profesional" y también frecuentes en las universidades, que si "tuvieran que hacerse cargo de la Seguridad Social de todos los miles de estudiantes que tienen que realizar prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas económicos a los centros universitarios y conllevar una importante disminución de las prácticas ofertadas", argumentan desde el sindicato.
Esta medida incluida en la Disposición Adicional Quinta del reciente Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo otorga tres meses de plazo para desarrollar esta normativa. "CSIF considera que debe ser negociado, pues afectará sin duda a los docentes y al sistema educativo", apunta el sindicato.
UNA MEDIDA CUESTIONADA
La medida ha provocado ya la reacción de rectores, estudiantes y empresarios. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha advertido de que la obligatoriedad de cotización a la seguridad social puede suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y aunque admite que la medida "reconoce el valor de la formación práctica en los centros de trabajo" asegura que puede "volverse en contra" de los estudiantes y de las universidades.
Ante estas reacciones, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció confirmó la semana pasada a Europa Press que reunirá durante los próximos tres meses con "todos los actores de la comunidad universitaria" para tratar el desarrollo de la Disposición Adicional Quinta del reciente Real Decreto Ley 28/2018, aunque reiteró su voluntad "mejorar las prácticas sin afectar al desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social"
