7 de agosto de 2020
6 de julio de 2020

Universidades negociará este mes con sindicatos, rectores y CC.AA el Estatuto del Personal Docente e Investigador

Universidades negociará este mes con sindicatos, rectores y CC.AA el Estatuto del Personal Docente e Investigador
Manuel Castells, ministro de Universidades - JAVI MARTÍNEZ / POOL

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Universidades negociará durante este mes de julio con los sindicatos, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las comunidades autónomas el Estatuto del Personal Docente e Investigador (EPDI).

Según indican a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Manuel Castells, la idea es que a partir de septiembre se elabore un borrador consensuado con los agentes sociales. Este borrador seguirá entonces su trámite habitual, es decir, pasará a consulta pública y luego pasará a Consejo de Ministros para su aprobación.

Fuentes de la CSIF especifican a Europa Press que los sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y la CIG) se reunirán entre el 10 y el 20 de julio con el Ministerio.

Según el documento de propuesta redactado por el Ministerio para el EPDI, que requeriría la modificación de la Ley de Universidades, y al que ha tenido acceso Europa Press, se reestructuraría el régimen de figuras para el personal docente e investigador, que pasarían a ser de Titular y Catedrático de Universidad en el caso de la carrera funcionarial, y de Profesor Doctor, Profesor Titular Contratado de Universidad y Catedrático Contratado de Universidad en el caso de personal laboral.

De este modo, según se desprende del texto, esta carrera académica aseguraría "los hitos de incorporación, consolidación y promoción", estableciendo el Doctorado como condición previa para el desarrollo de esta.

Además, a esta carrera académica no funcionarial se añaden otras figuras que responden a situaciones específicas, como la de Profesor Extraordinario, Profesor Emérito, Profesor Sustituto Temporal y la de Profesional Asociado.

"Con el conjunto de cambios que introduce esta Ley, se sientan las bases de un modelo de carrera académica que asegure el progreso, elimine la precariedad, equipare derechos y deberes entre el conjunto del PDI, y adecúe cada figura a su verdadera naturaleza y funciones, respetando y promoviendo la integración social y la igualdad de género", señala el documento.

Sin embargo, para el responsable de Universidades del sindicato CSIF, Ramón Caballero, lo que recoge el documento del Ministerio es la voluntad de "hacer una carrera laboral paralela a la funcionarial", lo que supone un "disparate auténtico". "Se pierde seguridad administrativa y jurídica, no le vemos la ventaja de ninguna de las ventajas", lamenta en declaraciones a Europa Press

"¿A qué viene que haya un Catedrático funcionario y otro de personal laboral?", se pregunta Caballero. A su juicio, lo que pretende Castells es extrapolar el modelo catalán (con su programa Serra Húnter, que permite sacar plazas exclusivas creadas por la Generalitat catalana) al sistema universitario español, o implantar un modelo de influencia anglosajona.

Pero este modelo, según Caballero, lo que hace es "empobrecer la carrera profesional y complicarla", además de que no es lo que necesita la universidad española: "No tratamos de buscar un premio Nobel, sino de dar un servicio de educación a la población".

LOS PROFESORES ASOCIADOS

A esto se suma, según Caballero, la situación de los Profesores Asociados, "el colectivo más precario", que no obstante representa el 34,1% del conjunto del personal docente e investigador de las universidades públicas. "No encuentras en el texto ninguna ventaja con respecto a personas que vienen de fuera, es un auténtico engaño", señala el responsable de CSIF, que recuerda cómo Castells ha anunciado en alguna ocasión que tratará de solucionar su situación.

La Asociación del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas ha salido ya criticando este primer borrador de lo que será el Estatuto del PDI. La entidad ha dirigido un escrito al ministro Castells en el que le exige "dignidad" y en el que ha mostrado su "decepción".

"No reconoce el fraude de ley sistemático que ha persistido durante años; ni siquiera parece ofrecer la más mínima solución a ninguno de nuestros problemas principales: el salario, la promoción y la estabilización", lamentan.