CIUDAD REAL, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Calleja, aseguró hoy que ya se ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente el documento de inicio para realizar una evaluación ambiental estratégica del Plan Especial del Alto Guadiana, dando respuesta así a una normativa de reciente aparición que establece como requisito previo para el desarrollo del plan que cuente con esta evaluación positiva.
"Los trabajos que estamos realizando en este sentido avanzan a buen ritmo y hemos iniciado ya los trámites para lograr la evaluación de la manera más inmediata posible y que, así, este trámite no sea ningún impedimento para que el Plan Especial del Alto Guadiana pueda estar aprobado en el plazo más breve posible. Yo espero, y ese es el plazo que nos hemos dado, que pueda estar concluido en este 2006", indicó Calleja.
Asimismo, en la actualidad también se está trabajando en todo lo referente a la normativa del PEAG "y ya tenemos un documento bastante definido que esperamos tenerlo listo a lo largo de este mes de junio", aseveró Calleja, quien añadió que se está elaborando un proyecto, complementario al Plan Especial, que está también en sintonía con las normas de la Junta, "que está haciendo un trabajo extraordinario a través de sus diferentes consejerías de Industria, Economía, Agricultura y Medio Ambiente, todas ellas coordinadas por el vicepresidente Fernando Lamata".
SANCIONES POZOS
En otro orden de cosas, el presidente de la CHG, que sustituyó al director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una mesa redonda que se celebró en Ciudad Real en el marco del III Simposio Internacional en Gestión Transfronteriza del Agua, se refirió a las sanciones impuestas a los agricultores por los pozos "ilegales, una de las cuestiones que más dificultades y preocupación en la actualidad".
Para Enrique Calleja, la solución a este problema de los aprovechamientos que no tienen ninguna concesión de agua, teniendo en cuenta lo limitado que está el recurso del agua en los acuíferos, pasa por la compra de derechos.
"Es decir, cuando tengamos agua comprada, a través del centro de intercambio del banco del agua, como se denomina comúnmente, los pondremos a disposición de esos regantes, aunque esos derechos los gestionará la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, algo que se ha negociado ya con el Ministerio de Medio Ambiente, para asegurar que sirvan para poner en marcha esas políticas de carácter social", concluyó.
