MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una plataforma constituida por una cincuentena de organizaciones ha presentado una hoja de ruta con medidas concretas en políticas sociales, ambientales, contra la violencia y la seguridad, entre otras, para que el Gobierno de pasos para avanzar en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara a al examen de España en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York el próximo 18 de julio.
Así, la plataforma Futuro en Común exige al Gobierno que ponga en marcha las medidas anunciadas; la participación de la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible; políticas e inversión pública que aborden las causas profundas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión, la degradación medioambiental, y las violencias que amenazan la seguridad humana.
Entre las ONG integrantes figuran las ONG de medio ambiente Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF cuyos representantes han presentado este jueves en el Real Jardín Botánico un informe alternativo de cara al Examen Nacional Voluntario del Gobierno la próxima semana en Nueva York.
Entre las propuestas para España consideran necesaria la elaboración de una hoja de ruta que impulse la definición de una Estratega Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030 participada, de consenso, concreta y medible, basada en la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que ponga el foco en las personas y el planeta y responda a un proyecto de país con visión de largo plazo.
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL
Así, consideran "importante" el compromiso y la acción a través de políticas públicas que aborden las causas profundas de los problemas en cuatro ámbitos: lucha contra la desigualdad; puesta en marcha de políticas ambientales; democracias más inclusiva y un mayor liderazgo de España a nivel internacional.
En concreto, para luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, recomiendan un sistema de garantía de ingresos mínimos, configurado como derecho subjetivo, y de una prestación universal por niño y niña a cargo, así como de más recursos para la Ley de Dependencia.
También instan a aumentar la inversión pública e impulso de reformas legales para asegurar el acceso universal a la salud, a la vivienda digna y a una educación de calidad para todas las personas y acometer reformas laborales y fiscales para mejorar la calidad del empleo y aumentar los recursos públicos disponibles para gasto social desde una lógica de progresividad.
En materia de políticas ambientales, entre otras propuestas, consideran que es preciso para vivir con dignidad respetar los límites de un planeta finito sin dañar la biodiversidad y para ello aconsejan acometer un Plan de Emergencia para detener la pérdida de la Biodiversidad en 2020 y aplicar una Ley de Aguas reformada.
También piden logra sistemas alimentarios sostenibles, incluido la producción y el consumo de alimentos respetuoso con el medio ambiente. En esta materia también ven fundamental elaborar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En cuanto a las políticas contra las violencias que amenazan la seguridad humana y profundizar los espacios cívicos democráticos, recomienda reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para adecuarla al Convenio de Estambul; una Ley Integral de Violencia contra la Infancia; modificar la Ley de Extranjería para evitar la irregularidad sobrevenida, garantizar la asistencia sanitaria y los derechos de la infancia de todas las personas.
Otras de las propuestas en esta línea de actuación pasan por derogar la Ley Mordaza para garantizar un espacio público civil seguro para la participación ciudadana y adoptar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos.
En el marco de las actuaciones respecto al papel de España a nivel internacional aconsejan reforzar la política pública de cooperación para el desarrollo, aumentando la AOD española hasta la inversión media de la UE, asegurando su calidad y orientación a lucha contra pobreza y desigualdad; ejercer un liderazgo positivo y coherente con el marco internacional de DDHH en asuntos globales como las migraciones, el comercio de armas, el cambio climático, la actividad empresarial en el exterior o la fiscalidad internacional.
Otras peticiones de Futuro en Común para avanzar en la Agenda 2030 pasan por lograr coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible con una agenda interconectada, multidimensional e indivisible.
Esto, según Futuro Seguro, supone compromiso político, institucional y legal que permita alinear el comportamiento de todos los actores bajo criterios de sostenibilidad y con el liderazgo ejemplificador del Gobierno.
En esa línea, también ven necesario concretar un mecanismo específico que esté operativo y al servicio de la gestión de Gobierno al más alto nivel que incluya herramientas para incrementar y profundizar el conocimiento de la realidad a través de mejores datos desagregados e incorporar otras formas de medición del progreso más allá del PIB.
Otras de las propuestas plantean incorporar al sistema estadístico español un marco de indicadores ODS con metas ambiciosas, en el que participen las comunidades autónomas, Ministerios, Instituto Nacional de Estadística y organismos supranacionales como Eurostat.
También apuntan a la conveniencia de recoger y analizar la información según los enfoques de derechos humanos e igualdad de género; reconocer y visibilizar la realidad y los problemas de personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión.
Finalmente, insisten en que se debe poner en marcha el Consejo de Desarrollo Sostenible propuesto en la PNL 161/002620 de 5 de diciembre de 2017 del Congreso de los Diputados, para fortalecer el diálogo, la articulación y la rendición de cuentas entre la Sociedad Civil Organizada, los distintos niveles de Gobierno y otros actores del ecosistema ODS.
