Pide una estrategia contra el arruí en Murcia y anuncia una resolución por el retraso de las CCAA en la corrección de tendidos eléctricos
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha sugerido al Ministerio para la Transición Ecológica que tramite y eleve al Consejo de Ministros una modificación del Real Decreto que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras para que incluya, entre otras medidas, que la descatalogación o exclusión de una especie de este listado o su liberación al medio esté sujeta también al criterio científico y no solo al de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
En concreto, la Institución que dirige Francisco Fernández Marugán quiere que las modificaciones del Real Decreto incluyan "al menos" que las decisiones sobre descatalogación de especies exóticas invasoras, de las que anulan las prohibiciones legales para especies incluidas o las que autorizan las sueltas de esas especies se realicen "previa comprobación científica" de que esta descatalogación o liberación se realizará "en condiciones seguras" para la protección de las especies de flora y fauna autóctona.
Además, pide que esta comprobación científica acredite la suficiencia y disponibilidad de los recursos económicos y humanos necesarios para supervisar la correcta aplicación y control del cumplimiento de las medidas de protección previstas.
Asimismo, recomienda que estos cambios se sometan a trámite de consulta a los interesados, incluidas las ONG de defensa del medio ambiente así como de información pública antes de adoptar los acuerdos de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de dejar sin efecto las prohibiciones legales establecidas para las especies catalogadas.
También sugiere al Ministerio que la modificación normativa establezca las medidas generales que se aplican a los recursos zoogenéticos que se cataloguen como especies exóticas invasoras para los que no haya normas específicas que regulen medidas para evitar que estas generen una "amenaza grave" para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
En este contexto, añade que se deben fijar unos criterios básicos para la suelta autorizada de especies alóctonas. En concreto, pone de ejemplo una queja presentada la Defensor ante la "falta de actuación" de las Administraciones ante la proliferación de la planta invasora conocida como plumero de la Pampa. Precisamente, destaca que esto ha motivado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya aprobado la Estrategia para su control y erradicación.
Del mismo modo, el Defensor señala que tiene abierta otra investigación sobre el arruí, una especie exótica invasora, frente a la Administración de Región de Murcia, que solicitó en 2016 al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que elaborase una Estrategia Nacional sobre el arruí, al comprobarse que la proliferación de esta especie también afectaba a otras comunidades como Andalucía y Valencia.
Esa Administración facilitó documentación sobre los trámites que se estaban realizando para proceder a la aprobación de un Plan de control y posible erradicación del Arruí en Murcia. Así, el Defensor pidió información sobre la tramitación del plan y recomendó al gobierno murciano que instara al Ministerio para la Transición Ecológica que elabore una Estrategia para la gestión, control y erradicación del Arruí en España.
Por último, la Institución subraya otra actuación "muy relevante" en ocho comunidades autónomas así como en Ceuta y Melilla para la protección de especies ante la "grave demora" en la adecuación de las líneas eléctricas de alta tensión que se sitúan en zonas de protección de avifauna.
El Defensor expone que estas administraciones aducen "dificultades técnicas" para identificar a los titulares de las líneas así como "falta de personal" para comprobar si las líneas se adaptan o no al contenido de la norma. Así, anuncia que este año 2019 dictará una resolución porque considera que esas razones son "manifiestamente insuficientes para justificar una demora de varios años" a la hora de actuar, porque algunas de estas actuaciones debían haberse acometido en el plazo máximo de un año.
