MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno prevé que el impacto económico del decreto ley de ayudas para las zonas consideradas catastróficas por los temporales de 2018 es de 128.169.733,12 euros, según los datos facilitados por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Territorial y de Función Pública.
En el documento de la memoria de impacto del Ejecutivo sobre este decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explica que no existe aún una evaluación detallada de los daños producidos por los temporales. Sin embargo, los dos ministerios antes mencionados, han realizado unos cálculos aproximados de lo que puede suponer esta medida para las arcas del Estado.
Estos más de 128 millones de los que habla el Gobierno son resultado de la suma de diferencias cantidades reclamadas por los ministerios, invertidas tras las catástrofes para la reparación de daños con competencia nacional. Así, Agricultura apunta que el importe asignado para ejecutar las obras de reparación de las 3.140 hectáreas calcinadas en la Comunidad Valenciana es de 750.000 euros.
Por este mismo suceso, la resolución del Secretario de Estado de Medio Ambiente señala que la realización de actuaciones de emergencia en las cuentas vertientes del río Serpis supusieron 650.000 euros, mientras que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública señala que son 1.208.647.
Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica señala que la cifra para revertir los daños en muros de contención de encauzamientos, paseos marítimos, arrastre de restos vegetales o en playas, por los temporales en Castellón, Tarragona y Baleares --ocurridos en octubre-- se elevan a 1.891.000 euros.
TAMBIÉN INCLUYE LA EXPLOSIÓN PIROTÉCNICA EN TUI
Política Territorial y Función Pública calcula por este caso, que tuvo lugar a principios de octubre, 41.404.107 euros; mientras que la cuantía para revertir los daños en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Baleares por lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes ocurridos a finales del mismo mes, se elevan a 95.084.485 euros.
En este sentido, el Gobierno recuerda que, tal y como señala el decreto ley, los proyectos que ejecuten ayuntamientos, diputaciones provinciales, comarcas, mancomunidades, comunidades autónomas uniprovinciales o consejos y cabildos insulares, relativos a restituir las consecuencias de estos sucesos, podrán recibir una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con los propios medios de estas entidades.
El único acontecimiento incluido en este decreto ley que no es consecuencia de una catástrofe medioambiental, es la explosión de material pirotécnico que se registró el pasado verano en la localidad pontevedresa de Tui, por la que el municipio también ha sido considerado zona catastrófica. En este caso, el departamento que dirige Meritxell Batet ha determinado que los daños ascienden a 604.995,59 euros.
