MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha pedido al Gobierno y las comunidades autónomas que establezcan planes reales, y que se cumplan, de depuración del 100% de las aguas residuales urbanas, así como articular un sistema de supervisión del correcto funcionamiento de las depuradoras.
Así lo reclama con el objetivo de evitar futuras sanciones como la que este miércoles ha dado a conocer el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que ha condenado a España a pagar 12 millones de euros por incumplir la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
Según critica la organización ecologista, la existencia de una de estas instalaciones no implica necesariamente que esté funcionando o que lo haga de forma adecuada, pues en demasiadas ocasiones, solo existe un tratamiento primario (retirada de sólidos). En otros muchos casos, después de realizar una importante inversión económica, la depuradora no se pone en funcionamiento porque los ayuntamientos no son capaces de atender el nivel de gastos que supone para las arcas municipales, según indica Greenpeace.
De hecho, también exige a comunidades y ayuntamientos que apuesten por sistemas separativos de los vertidos de aguas urbanas e industriales para lograr un correcto grado de depuración, así como que las comunidades controlen los vertederos y puntos críticos de contaminación especialmente peligrosos y con antecedentes contaminantes.
La organización destaca que la sentencia hecha pública este miércoles confirma "lo que Greenpeace lleva denunciando desde hace más de una década: España tiene un grave problema de contaminación por aguas residuales". "La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas", afirma la ONG, que considera que esta es una "asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución".
Por otro lado, el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, señala que España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas para acometer las actuaciones pendientes en aquellas localidades --actualmente nueve-- que incumplen con la Directiva Europea y que están suponiendo sanciones de Bruselas.
Por ello, la entidad urge al Gobierno a que retome la inversión en las infraestructuras pendientes, sin olvidar la necesidad de invertir también en el mantenimiento y conservación de las ya existentes. España lleva seis años sin inversión en infraestructuras hidráulicas, por lo que es imprescindible una recuperación rápida de los niveles inversores para cubrir las necesidades del país, según concluye FIDEX.
