HUELVA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los ingresos de la Fundación Doñana 21, entidad dependiente de la Junta de Andalucía --dedicada al crecimiento sostenible de la comarca aledaña a Doñana-- que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a diez trabajadores, descendieron un 65 por ciento en tres años, según ha informado a Europa Press el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Huelva en este conflicto laboral, Juan José Pérez.
Pérez ha explicado que desde la Fundación les mostraron los resultados económicos y, debido al "aminoramiento" en tres ejercicios de los ingresos, principalmente procedentes de instituciones y patrocinadores, se ha llevado a cabo este despido colectivo. En concreto, ha indicado que los ingresos de la entidad casi alcanzaban los 2,5 millones de euros en 2009 frente a apenas 700.000 euros de 2012.
No obstante, pese a estas cifras, Pérez ha hecho hincapié en la importancia de que la Junta de Andalucía "reconsidere" la decisión ya que hasta el día 10 de agosto, fecha en la que los afectados pasarán al desempleo, "se pueden buscar soluciones" y por tanto, ha instado a la administración autonómica a que "busque la financiación necesaria" para que no se produzca la salida de estos empleados.
Asimismo, ha precisado que nueve trabajadores permanecen en el centro pero las condiciones de trabajo serán "más precarias", al tiempo que ha subrayado que los afectados han sido indemnizados con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, pero quedan pendientes de cobrar el finiquito.
Según ha asegurado, el colectivo ha mostrado su disconformidad con esta indemnización (querían alcanzar los 45 días por año) y ha remarcado que la entidad ha esgrimido que los afectados han sido seleccionados en función de criterios de "capacidad y experiencia" al objeto de hacer posible "la viabilidad" de la Fundación Doñana 21.
En esta misma línea, ha recordado que el ERE se ha alcanzado sin lograr un acuerdo con los sindicatos, y ha lamentado que esto sea posible "gracias a la nueva reforma laboral" aprobada por el Gobierno central.
Así, ha lamentado también que la entidad no tuviera en cuenta las propuestas planteadas por el sindicato a petición de los propios trabajadores, a la par que ha señalado que los servicios jurídicos del mismo están a disposición de los mismos, si tras analizar toda la documentación y de forma colectiva, decidieran emprender acciones legales. Además, también ha mostrado su respaldo al colectivo si decidieran emprender un calendario de movilizaciones.
Tras quince días de negociaciones, con cuatro sesiones negociadoras una vez abierto el periodo de consultas, finalmente "no se ha alcanzado ningún acuerdo", ha agregado Pérez, que ha confiado en que "se reconsidere la decisión".
Por último, ha recordado que la plantilla afectada por el despido colectivo expresó "en sintonía con la UGT" que "no se firmará ningún acuerdo que contemplara exclusivamente la aplicación de lo ordenado por la reforma laboral", algo que ha defendido siempre la organización sindical en todo el proceso "que ha terminado sin acuerdo entre las partes ante la inflexibilidad de la Junta a través de su representante en la Fundación".
