MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los temas ambientales ocupan el 0,44 por ciento de la actividad parlamentaria durante las tres últimas legislaturas (X,XI y XII), desde 2011, según datos del informe 'Indicadores de Gobernanza Ambiental en España', realizado por SEO/BirdLife y presentado este miércoles en el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).
El estudio señala también que España es el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos por infracciones en materia ambiental. El trabajo, que se ha realizado durante tres años, evalúa el estado de la legislación, la acción de las instituciones, los procesos de participación y la fiscalidad ambiental con una puntuación que va del "claramente favorable" a "claramente desfavorable".
El documento concluye que España suspende en cumplimiento de la normativa medioambiental de la UE, ya que tiene un total de 30 expedientes abiertos de un total de 325, lo que supone el 9,2 por ciento. La cifra es tres veces superior a la media teórica, 3,5 por ciento del conjunto de los Estados miembro. Le sigue Grecia con 27 y, después, Polonia e Italia con 18.
Además, el informe destaca la "alta conflictividad constitucional" de las normas ambientales como uno de los indicadores preocupantes, ya que en la décima legislatura --de 2011 a 2015-- el Estado y las comunidades autónomas presentaron 213 recursos, de los que 39 eran por normas ambientales, el 18,30 por ciento del total.
Los autores destacan que las leyes ambientales representan en torno al 8 por ciento del total, por lo que subrayan que la conflictividad constitucional en esta materia es "inusitadamente alta".
Durante el debate posterior a la presentación del informe, el portavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha señalado que no solo se debate poco sobre medio ambiente en el Congreso, sino que "avances se debate para aprobar leyes que van contra el medio ambiente".
Por ejemplo, se ha referido a la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que denuncia que "se desoyeron todos los informes científicos que alertaban contra las especies exóticas invasoras y se antepuso el interés de algunos sectores sociales". Uralde describió esta maniobra como "el asalto del PSOE a la ley Narbona".
Por su parte, la exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Guillermina Yanguas ha pedido "despolitizar los grandes pactos ambientales para que no queden a merced del partido de turno".
Mientras, el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, Valentín Alfaya, ha propuesto la creación de una "autoridad ambiental independiente que trascienda los períodos electorales". Asimismo, ha apostado por cuantificar los servicios ecosistémicos e internalizar su valor en el coste de bienes y servicios. "Los incentivos que mejor funcionan son las señales de precio claras hacia los consumidores", opina.
Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha reclamado un cambio de modelo económico profundo sin el cual, "puede ser imposible cumplir los objetivos ambientales en 2030, algo que es especialmente dramático en España por ser el país con mayor biodiversidad de la UE, pero también el más vulnerable".
