MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona ha aceptado tramitar la demanda civil que presentó en diciembre el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, el secretario general, Joan Puigcercós, y la propia formación republicana contra la Cadena COPE y contra el periodista Federico Jiménez Losantos por un delito de vulneración de su derecho al honor y a la propia imagen. Antes de que se inicien los trámites de juicio ordinario, los demandados tendrán que comparecer ante el titular del Juzgado en el plazo de 20 días.
En el auto dictado por el juez, éste reafirma su jurisdicción y competencia para dar trámite a la demanda de los líderes y la formación republicana. De esta forma, trasladará su contenido tanto al fiscal como a los demandados para que comparezcan en un plazo de 20 días. En caso de no hacerlo, se les declararía en situación de rebeldía procesal.
Antes de dar traslado de la demanda, habrá que dar un paso previo: traducirla del catalán al castellano, ya que ERC presentó el documento sólo en este idioma sin aportar una copia traducida. Los servicios de traducción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son los encargados de esa tarea. ERC presentó su demanda a comienzos del pasado mes de diciembre para impedir "insultos y calumnias" desde la emisora de la Conferencia Episcopal contra la formación republicana y sus dirigentes.
INDEMNIZACIÓN DE HASTA 90.000 EUROS
La demanda incluye un compendio de decenas de frases emitidas por esta emisora a lo largo de 2005, que para ERC suponen una vulneración de su derecho al honor y a la propia imagen. Esquerra solicita una indemnización por daños y perjuicios que, en caso de que resultar condenados los demandantes, podría ser de entre 30.000 a 90.000 euros, que la formación republicana catalana ha anunciado que destinaría a una entidad social sin ánimo de lucro.
El enfrentamiento entre ERC y la COPE viene de lejos y vivió su mayor exponente el pasado 30 de noviembre, cuando cinco miembros de las Juventudes de la formación republicana se encadenaron ante la sede central de la emisora en Madrid para pedir su cierre. Aquella protesta estuvo tutelada por dos diputados, Joan Puig y Joan Tardà, aunque el Congreso decidió días después no investigar estos hechos, como solicitó el PP.
