MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, corrigió hoy su reacción a la manifestación de guardias civiles del sábado y aseguró que sus palabras del lunes, en las que dijo no tener, personalmente, "indicios de ilegalidad" sobre dicha concentración fueron "malinterpretadas", aunque reconoció que pudo ser por culpa suya. Así, en esta línea, el ministro afirmó que la Benemérita no puede manifestarse de uniforme, una opinión con la que previsiblemente coincide el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, que ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Instituto Armado para estudiar la comisión de posibles ilegalidades en la concentración de Madrid.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, basado en la Jurisdicción militar, establece que los agentes del Cuerpo tienen prohibido el derecho de reunión. Por ello, la asistencia a la manifestación con uniforme de algunos de los cerca de 3.000 agentes que se congregaron el sábado en la Plaza Mayor de la capital podría suponer una sanción muy grave, como la suspensión de empleo y sueldo por un año, o incluso la expulsión del Instituto Armado.
Sin embargo, el lunes, al ministro de Defensa se le "escapó" si hubo "algún tipo de ilegalidad" y cuál es la posición de la Dirección de la Policía y la Guardia Civil respecto al asunto. "Personalmente no me consta que se produjera ninguna ilegalidad", aseguró entonces Alonso, que se remitió a la decisión que tomara Mesquida sobre el tema. Hoy el ministro no dejó espacio para la duda al afirmar que "eso que hicieron" los guardias civiles "no se puede hacer".
"Yo voy a estar a la determinación de los hechos que fije la Dirección General de la Guardia Civil, porque sé que hubo una concentración, que no se puede hacer, pero lo que no sé es quienes fueron los sujetos, si son guardias civiles o no, qué dijo uno, qué dijo otro", comentó Alonso, que consideró que sus declaraciones del lunes fueron "malinterpretadas", aunque seguramente, añadió "por culpa mía".
INFORME JURÍDICO
Así, el ministro volvió a remitirse al órgano responsable de la Benemérita, que hoy mismo encargó a los servicios jurídicos del Instituto Armado que investiguen posibles ilegalidades en la manifestación convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) el pasado sábado. Según fuentes del Cuerpo, si el informe jurídico concluye con la recomendación de sanciones, éstas serán aplicadas contra todo aquel agente que fuera identificado en el acto del pasado 20 de enero, tras lo que se nombrará a un instructor para cada uno de ellos y se les comunicará por qué se les investiga.
Miles de guardias civiles y sus familias llenaron la Plaza Mayor de Madrid para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales y proceda a la "dignificación" de sus condiciones laborales. La convocatoria de la AUGC supuso la primera manifestación de la historia en la que los guardias civiles se atrevían a revindicar sus "derechos" de uniforme. 'Somos civiles, no militares' y 'Zapatero, embustero' fueron algunos de los lemas coreados por los asistentes, que exigieron la regulación de las asociaciones profesionales en su seno y un nuevo Régimen Disciplinario que les desvincule de la jurisdicción militar.
Fuentes de AUGC denunciaron que hasta última hora de la noche del viernes pasado recibieron "amenazas" del PSOE para que desconvocaran el acto. Según esta versión, fue el portavoz de la comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, quien telefoneó a uno de los responsables de la Asociación para advertirles de que manifestarse de uniforme es ilegal.
