El PP plantea en el Congreso un catálogo básico de servicios sociales para víctimas de violencia machista e hijos

Ana Mato, En Los Desayunos De Europa Press
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 20 noviembre 2012 20:40

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá en el Pleno del Congreso del próximo martes, día 27, una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar una cartera básica de servicios sociales orientada a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, una "lacra social" que este año arrastra más de 40 víctimas, y de las que sólo siete denunciaron.

Así lo ha adelantado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, en rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces de los martes en la Cámara baja.

Además, ha destacado que el debate de esta iniciativa, que coincidirá con otra socialista sobre medidas de apoyo y asistencia a hijos de víctimas de esta lacra social, tendrá lugar un par de días después de la celebración internacional del Día de la lucha contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, domingo.

Precisamente, la inclusión de los menores dentro de la protección a las víctimas de violencia machista se trata de una de las reivindicaciones del PP en la anterior legislatura socialista y que fue rechazada en varias ocasiones en el Parlamento.

Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario, la iniciativa 'popular' en esta ocasión saldrá previsiblemente adelante.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' instan al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, se desarrolle un catálogo básico y mínimo de servicios sociales que incluya a las víctimas de violencia de género en materia social, con el fin de establecer criterios comunes en el tratamiento que ofrecen las distintas comunidades.

DERECHO A ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL

En concreto, el PP recuerda en su iniciativa que la Ley de Violencia de Género de 2004 recoge el derecho a una asistencia social integral.

En este aspecto, ve "imprescindible" la colaboración y coordinación interinstitucional, puesto que esta asistencia social integral ha de responder a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

Es más, argumenta que el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde una perspectiva integral constituye uno de los "avances más importantes" de esta Ley Orgánica, garantizándose a todas las mujeres con independencia de su origen, religión o de cualquier otra circunstancia personal o social.

En este sentido, puntualiza también que tendrán derecho a la asistencia social integral, a través de estos servicios sociales, los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.

A estos efectos, dice que los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos para estos menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.

Con el máximo respeto a las competencias atribuidas a cada administración, cree necesario a su vez el establecimiento de unos servicios básicos y comunes exigibles por igual a todas las autonomías, para atender de forma integral y garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, en condiciones de igualdad efectiva, con independencia de la comunidad en la que residan.

Por todo ello, aclara que los servicios contenidos en dicha cartera no tendrán la consideración de mínimos, sino de básicos y comunes, es decir, los fundamentales y necesarios para llevar a cabo una atención adecuada, integral y continuada a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y, por tanto, podrán ser completados, mediante la incorporación de otros servicios que mejoren o amplíen lo dispuesto en esta cartera general.

Según ha insistido Alonso, los datos sobre mujeres muertas a manos de sus maltratadores siguen estando, por lo que sigue siendo necesario que las mujeres denuncien contra esta lacra social.

PROTECCIÓN A MENORES

Por otro lado, la Cámara baja debatirá otra proposición no de ley del PSOE que reclama al Gobierno adoptar medidas para la protección, apoyo y asistencia a los hijos de las víctimas mortales de la violencia de género y en particular cuando son menores, orientadas a facilitar las mejores condiciones posibles para que puedan rehacer sus vidas.

Entre estas iniciativas pide que se incorporen en las bases estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los indicadores que permitan conocer el número de niños y niñas menores y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género, incluyendo aquellos datos o circunstancias relacionadas, como las de orfandad, nivel socioeconómico, nivel socio-educativo, régimen de tutela o cualquier otra especificación adicional que complemente y permita precisar adecuadamente el perfil de la víctimas.

Es más, quiere que se contemplen las necesidades de atención sanitaria correspondientes, incorporando la previsión de la prestación de atención psicológica y psicopedagógica que resulte precisa, mediante el establecimiento de un plan de atención integrada e integral para la atención de los niños, hijos de las víctimas mortales de la violencia de género, incorporando estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud y planes de salud correspondientes.

Con este fin, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, plantea un apoyo técnico adecuado para asegurar la formación especializada de quienes, como profesionales sanitarios, tendrán encomendada dicha atención.

Entre otros puntos, la iniciativa también propone que se incorporen como personas beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, a quienes asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor, en los términos que se determine en la normativa aplicable, instrumentando adicionalmente las medidas de apoyo efectivo al cambio de vivienda o lugar de residencia que procedan.

Plantea también el PSOE el reconocimiento de exención de tasas académicas para las víctimas de la violencia de género, así como para sus hijos en los correspondientes niveles educativos y centros oficiales de estudios.