El 95% de las escuelas incumplen el decreto estatal que obliga a cumplir la tercera hora semanal de castellano
BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado a la Consejería de Educación que a partir de septiembre las escuelas apliquen la tercera hora de castellano en la Educación Primaria, estimando así en parte el recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana (CCC).
El auto de la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa requiere que Educación "adopte las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, y a partir del inicio del curso escolar 2008-2009", el "estricto cumplimiento" por los centros docentes "de la impartición del número de horas total destinadas al área de lengua castellana, hasta alcanzar un número global de 665 horas, identificando las materias que se ofrezcan en lengua castellana".
CCC había solicitado que se suspendiera el decreto de la Generalitat de junio de 2007 que desplegaba el Real Decreto sobre las enseñanzas mínimas en Primaria de diciembre de 2006, en concreto sobre las horas de lengua y literatura castellana. No obstante, el alto tribunal catalán dice que "dicha petición no puede ser aceptada".
Según el decreto estatal, en Catalunya y las otras comunidades con lengua cooficial hay que ofrecer 665 horas de castellano o en castellano en toda la Primaria --tres a la semana--. No obstante, el decreto catalán señala que esta tercera hora no será obligatoria, y en los centros catalanes sólo se ofrecen 420 de lengua y literatura castellana y 245 horas más --que suman 665 horas-- de estructuras lingüísticas comunes, que actualmente en su mayoría se dan en catalán.
El TSJC no entra a valorar el fondo del asunto, pero acepta tomar medidas cautelares para no causar en los alumnos "perjuicios irreparables". Antes de tomar su decisión, el TSJC solicitó a la Consejería a mediados de curso conocer el cumplimiento de la tercera hora de castellano en las escuelas.
Así, se comprobó que en el curso 2007-2008 el 95% de los 1.427 centros que imparten Primaria en Cataluña "no alcanzan el mínimo de horas de enseñanza del castellano o en lengua castellana".
No obstante, el Real Decreto estatal dice que si las estructuras lingüísticas comunes se imparten en otra lengua, la asignatura de castellano u otra impartida en castellano deberá igualmente llegar a las 665 horas en toda la Primaria.
Pese al decreto catalán y en el marco del proceso judicial, la Consejería de Educación emitió una orden el 20 de marzo de 2008, en la que dio de plazo hasta el 30 de junio de 2008 para que los centros presentaran su proyecto lingüístico, que debía incluir la tercera hora de castellano o impartir contenidos de áreas no lingüísticas en castellano.
En la instrucción enviada a los directores de las escuelas, a la que tuvo acceso Europa Press, Educación dejó claro que los centros debían incluir la indicación anterior para "dar cumplimiento" al decreto estatal que establece que "los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos por varias lenguas en un mismo ciclo, podrán impartirse de manera conjunta".
Sin embargo, un acuerdo entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, a principios de junio logró retrasar un año la aplicación de la tercera hora de castellano, ya que, si no, dirigentes de ERC amenazaban con salir del Gobierno catalán.
Esta segunda orden de la Consejería, del 5 de junio, amplió el plazo a todo el curso 2008-2009 debido a "la dificultad que tienen algunos centros para cumplir este plazo" --el del 30 de junio de 2008--.
El TSJC considera "procedente", "ante tal situación de incumplimiento constatado, y a fin de evitar que se produzcan nuevas situaciones de indefinición", "la adopción de una medida cautelar positiva consistente en requerir a la Administración de la Generalitat para que adopte las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, y a partir del inicio del curso escolar 2008-2009, el cumplimiento de estos horarios mínimos.
Esta medida, según el tribunal, "no supone sino la imposición a la Administración demandada del estricto cumplimiento de las determinaciones adoptadas por la propia Generalitat".
