La justicia suecia exige los 141 millones de euros reclamados por el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla
SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró hoy que el Gobierno andaluz hará frente a la cuantía económica que le corresponde aportar ante la justicia sueca al objeto de que en el país escandinavo sea "ejecutivo" el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar 141 millones de euros a la compañía Boliden como responsable de los costes globales derivados de la fractura de la balsa de lodos tóxicos que su filial Apirsa gestionaba en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998.
En rueda de prensa en Sevilla, Cinta Castillo celebró que el Tribunal de Apelación sueco haya declarado como válida en el país escandinavo la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla de confiscar a Boliden aproximadamente 141 millones de euros, en concepto de garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la catástrofe medioambiental desencadenada en la cuenca del río Guadiamar el 25 de abril de 1998, fecha en la que se rompió una balsa de lodos tóxicos perteneciente a la mina que por entonces explotaba Boliden Apirsa S.L., filial de la empresa sueca.
En concreto, y según figura en un comunicado colgado por la propia compañía sueca en su portal digital y consultado por Europa Press, el Tribunal de Apelación ha declarado como aplicable en Suecia la reclamación formalizada por el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla "en conexión con el procedimiento de bancarrota" declarado en torno a la empresa Apirsa, filial española de Boliden y cuyo capital social apenas llegaba a los 3.000 euros.
El requerimiento del Juzgado de lo Mercantil, cabe recordarlo, aludía a la confiscación de activos a Boliden por valor de 141 millones de euros, como garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la compañía y ante el procedimiento de liquidación impulsado por Apirsa, cuyos activos en ningún caso podían hacer frente a los costes globales que le imputa la justicia española.
QUITA DE ACREEDORES
Cinta Castillo explicó que esos 141 millones de euros que reclamaba el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla y que, por ende, exige ahora la Justicia sueca, obedecen a los más de 90 millones de euros solicitados por el Gobierno andaluz a la compañía matriz de Apirsa más los costes aportados al proceso por compañías proveedoras y suministradoras de dicha empresa, pues ellas también "quedaron extremadamente perjudicadas" y "han concursado" a la par que la Administración andaluza en la quita de acreedores elevada al Juzgado de lo Mercantil.
En cuanto a la cuantía que ahora demanda la justicia sueca a los protagonistas de esa quita de acreedores, también 141 millones de euros y en concepto de "garantía", Cinta Castillo explicó que "forma parte del procedimiento" que ahora abren los tribunales suecos, extremo que además indica el propio comunicado de Boliden. En ese sentido, se remitió al funcionamiento de la justicia y aseguró que la intención del Gobierno andaluz es "seguir" adelante con el litigio, afrontando para ello "las cauciones que nos pidan".
"Este caso está sentando jurisprudencia", dijo Castillo advirtiendo de que gracias a procedimientos como el que ahora se traslada a la justicia sueca, las compañías multinacionales no podrán "escabullirse" de sus responsabilidades a través de "ingeniería mercantil", en alusión a la práctica de impulsar proyectos a través de sociedades filiales de escaso capital que alejan a la persona jurídica de la compañía de la iniciativa en sí.
